El mapa de relaciones que construyó el portal de investigación Ojo-Público para conocer las denuncias en las que están involucrados aportantes de las campañas políticas en el Perú en los últimos 10 años, reveló que al menos 856 implicados en redes de delincuencia organizada, corrupción, delitos medioambientales, lavado de dinero y narcotráfico tuvieron vínculos con organizaciones y partidos políticos, lo que evidencia la fuerte penetración de estas mafias en las esferas de poder.
Otro dato que se desprende de este trabajo preliminar para recopilar expedientes judiciales y reportes de prensa que citan documentos oficiales, es que el Apra y Fuerza Popular son los partidos políticos con mayores nexos con los presuntos grupos de narcotráfico y lavado de activos. Y coincidentemente, sus respectivos líderes, Alan García y Keiko Fujimori, afrontan sendas investigaciones en la fiscalía como supuestos cabecillas de organizaciones criminales.
Alan garcía y keiko fujimori, investigados bajo la ley de crimen organizado.
En análisis de la referida data revela además que el 54% de las 856 personas, entre investigados y su entorno cercano, que mantuvieron nexos con 65 organizaciones políticas, hizo aportes económicos a campañas electorales.
Relaciones sospechosas
En el caso de a organización de Alfonso Ugarte, por ejemplo, se identificó en total a 432 personajes vinculados en primer o segundo grado al Apra implicados en casos delictivos. Y la mitad de ellos hizo aportes al partido, según la plataforma Fondos de papel de Ojo-Público.
En Fuerza Popular, se identificó a 59 personas vinculadas al fujimorismo bajo la lupa por presuntos actos delictivos, de las cuales 49 están relacionadas con casos de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, según la mencionada data.
Casos emblemáticos
El mapa de relaciones vincula al Apra con dos sonadas investigaciones sobre narcotráfico: Oropeza y Sánchez Paredes.
En el primer caso, Miguel Facundo Chinguel, exabogado de Alan García que purga prisión por los 'narcoindultos', tuvo vínculos comerciales con la familia de Gerald Oropeza, acusado de encabezar una organización criminal que enviaba droga a Europa. Incluso, familiares de este procesado postuló a cargos públicos por el Apra e hizo aportes al partido, al igual que 37 de los narcoindultados por Chinguel.
Los Sánchez Paredes, clan procesado por presuntamente crear su fortuna gracias al tráfico de drogas, tuvieron nexos con Luis Nava, exsecretario personal de Alan García. Concretamente fue Alfredo Sánchez Miranda quien hizo negocios con el hijo del también exsecretario de Palacio e incluso aportó a la campaña del 2006 del exlíder aprista, que lo llevó por segunda vez al poder.
En tanto, el fujimorismo tiene nexos con la familia de Eudocio Martínez, dueño de la pesquera Hayduk, que en 1993 fue investigada por el hallazgo de 353 kilos de droga en su empresa. Por este caso, Martínez y sus hijos fueron encarcelados, pero la misma Keiko Fujimori admitió que usó su cargo de primera dama en el gobierno de su encarcelado padre, Alberto Fujimori, para gestionar el perdón presidencial a favor de las hijas del empresario pesquero. Luego, una de las beneficiadas, Ana Martínez, aportó a su campaña presidencial en el 2006.
Pero además, entre los financistas de Fuerza Popular figuran tanto Luis Calle, empresario incluido en la lista negra de la DEA por liderar una red de envío de droga a España, como Joaquín Ramírez, excongresista y exsecretario general del partido, quien fue incluido en un investigación de la DEA contra el capo peruano Miguel Arévalo Ramírez, 'Eteco'.
El rastro de las mafias de lavado
Los dos mayores casos de tráfico de terrenos, estafa y otros delitos que obran en el Poder Judicial son las redes del abogado Rodolfo Orellana y el exgobernador de Áncash César Álvarez, ambos tras las rejas. Entre los investigados por pertenecer a estas mafias hay personajes ligados al Apra, el Frente Independiente Moralizador, Chimpum Callao, Unión por el Perú y Solidaridad Nacional.
También está el caso Antalsis, cuyo principal implicado es Martín Belaunde, ex asesor y financista de la campaña del expresidente Ollanta Humala –ambos hoy en prisión–, quien es procesado por amañar licitaciones para obras públicas en diferentes regiones del Perú.
"El financiamiento y las relaciones entre los personajes que hoy son investigados en la fiscalía por este caso se concentran en Unión por el Perú, partido en el que postuló Humala el 2006", refiere Ojo-Público.
El otro gran caso de corrupción de los últimos años en el Perú es Comunicore, que involucra a funcionarios del entorno cercano al alcalde de Lima, Luis Castañeda. En este caso también aparecen como financistas de partido Solidaridad Nacional personajes claves en la fraudulenta y millonaria compra de una deuda municipal que terminó favoreciendo a una empresa fantasma, revela el citado portal.
"Hay dos personajes en esta red que llaman la atención: El primero es Álex Montoya Agüero, un sindicado narcotraficante prófugo desde el 2009 que, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF), estuvo detrás de la creación de Comunicore para lavar dinero. El segundo es el exfiscal Mateo Castañeda Segovia, quien aparece con conexiones múltiples en este caso, en las investigaciones a la red de Rodolfo Orellana y en la investigación de las interceptaciones telefónicas realizadas por la empresa Business Truck"
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