La empresa Graña y Montero, socia minoritaria de la brasileña Odebrecht en el consorcio que construye el Gasoducto Sur Peruano, desconocía que esta última había pagado coimas a funcionarios peruanos para lograr la buena pro de diversas obras públicas en el país.

Así lo aseguró Mario Alvarado, representante legal de la firma peruana, durante su intervención ante la comisión "Lava Jato" del Congreso que investiga estos pagos irregulares, ocurridos entre 2005 y 2014.

"Estamos claros que hemos sido engañados, sabemos hoy que ha sido una mala decisión, lo que hemos perdido es mucho, y hemos pagado las consecuencias de ese engaño (...) el hecho de que hayamos estado durmiendo con un corrupto, no nos hace corruptos". 

Alvarado indicó que debido a los vínculos con Odebrecht, Graña y Montero ha perdido durante el 2016 un total de 38 millones de dólares, además de la caída de sus acciones en la bolsa. También negó que la empresa peruana haya participado en estas acciones delictivas.

Además, recordó que Odebrecht tenía una "organización paralela" para cometer estos actos de corrupción; y que cuando se supo de estos hechos, Graña y Montero no le compró su participación en el proyecto, "sino que hizo un aumento de capital para forzar su salida".

Luego de la cancelación del contrato con Odebrecht para la construcción del gasoducto, el gobierno aprobó un decreto de urgencia para contratar a un administrador de los bienes del proyecto, que tiene un 37 % de avance.

Foto de cabecera: Revista Cosas.

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