El nuevo sistema judicial anticorrupción, a cargo de la juez superior titular Susana Castañeda Otsu, fue creado para procesar los casos relacionados con los sobornos de Odebrecht y otras constructoras brasileñas. Sin embargo, parece que nunca estuvo claro, pues este debió iniciar sus trabajos el 30 de marzo y fue impedido por el Ministerio Público y los jueces de la Sala Penal Nacional, que hasta el momento estaban viendo el caso Lava Jato y no querían dejar de hacerlo.
El debate inició, ¿quién se quedaría con el caso? La semana pasada parecía que la decisión estaba tomada: el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictó una norma que precisa la competencia de cada sistema especializado y el nuevo sistema judicial anticorrupción asumió el control judicial del caso Lava Jato en el Perú. Había en total 14 jueces titulares y serían los encargados en los procesos de investigación, juzgamiento, sentencia y apelación.
Pero no acabó, la Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrado por los jueces Edita Condori, Sonia Torre y Rómulo Carcausto, votó por unanimidad, durante la audiencia de prescripción del delito de tráfico de influencias contra Alejandro Toledo, que el caso Lava Jato sean vistos por los colegiados de la Sala Penal Nacional.
Argumentaron que, en defensa de la independencia judicial, no se debe aceptar intromisiones “en el conocimiento de los casos y controversias que son de conocimiento de un determinado órgano jurisdiccional”.
(Foto de portada: Andina)
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