Hace unos días, el sucesor de Jorge Barata como representante de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz Lopes, envió una carta a Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), con la “finalidad de coordinar una reunión para tratar acerca de la reparación civil que le corresponde al Estado”, por los sobornos que admitió haber pagado a funcionarios por obras públicas en el país.

Príncipe respondió al referido documento –enviado el 13 de febrero, según Perú21– que de acuerdo a sus atribuciones y al marco jurídico que regula su función, ella evalúa, supervisa y controla el eficiente ejercicio de la defensa del Estado, a cargo de los procuradores, pero no tiene la facultad de tratar temas de reparación civil.

Por ello, anotó Príncipe, derivó esa comunicación a la procuradora ad hoc del caso Odebrecht, Katherine Ampuero Meza.

“[…]La suscrita no tiene calidad de sujeto procesal en representación del Estado, por lo que he dispuesto se remita su comunicación a la titular de la procuraduría pública ad hoc a cargo de la defensa del Estado en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que ha incurrido la empresa Odebrecht y otras”, explica la titular del CDJE.

Como se recuerda, la procuradora ad hoc del caso Odebrecht anunció que solicitará el pago de S/200 millones como monto inicial de la reparación civil para la empresa brasileña, por los al menos US$29 millones en sobornos que admitió haber pagado a funcionarios para ganar obras públicas durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

DATO

El abogado peruano Luis Bramont-Arias Torres y el letrado brasileño Ricardo Machado Weyll, apoderado de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú y Compañía Energética del Centro SAC, son los negociadores del grupo Odebrecht.

(Foto d cabecera: RPP)

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