El Gobierno oficializó este lunes el decreto de urgencia que busca asegurar el pago de la reparación civil al Estado de empresas que admitan actos corrupción -como la brasileña Odebrecht, que confesó pagos por US$29 millones en sobornos a funcionarios para ganar obras públicas en Perú, entre los que está el expresidente Alejandro Toledo, según la fiscalía- o que hayan sido sentenciadas por estos.
La medida la había anunciado el domingo en la noche el presidente Pedro Pablo Kuczynski en un mensaje a la Nación.
"Nos aseguraremos que empresas que han aceptado culpabilidad o hayan sido sentenciadas no puedan transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con el pago de todas sus obligaciones, incluidos trabajadores, proveedores y reparación que tendrán que pagarle al Estado peruano".
El jefe de Estado precisó que las empresas sancionadas deben pedir autorización al Estado peruano para vender sus activos, y el dinero de esas operaciones irá a un fondo para garantizar el pago de las multas correspondientes, tras señalar que la ante la coyuntura actual, marcada por el escándalo de corrupción de Odebrecht, se requieren acciones firmes y que además el Gobierno asegure la continuidad de los proyectos que el país requiere, "pero con contratistas licitados en un marco ético y transparente".
PPK en el mensaje a la nación que dio el domingo en cadena nacional. (SEpres)
Ese anuncio se materializó este lunes con la publicación en El Peruano del Decreto de Urgencia 003-2017, que "asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción".
PPK dedicó buena parte de su mensaje a recordar las medidas para combatir la corrupción de funcionarios y de empresas nacionales y extranjeras que emitió su gobierno en el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso.
Así, por ejemplo, destacó el decreto legislativo se estableció que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado, o sea, una suerte de "muerte civil" -que se aplica a funcionarios corruptos- para privados.
El jefe de Estado anunció el domingo también la creación de un sistema para recompensar a los funcionarios y ciudadanos honestos que denuncien actos de corrupción en el país.
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