Hasta el momento la constructora brasileña Odebrecht la sigue sacando barata en el Perú. Y esto no tiene nada que ver con su exrepresentante en nuestro país, Jorge Barata, porque de acuerdo a la solicitud de prisión preventiva que elaboró el fiscal del caso, Hamilton Castro, en contra del exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y el exintegrante del comité de licitaciones del Metro de Lima Edwin Luyo, el Ministerio Público no exige ninguna medida restrictiva contra la empresa brasileña. Así lo reveló el semanario "Hildebrandt en sus Trece", que accedió al requerimiento en mención.

Sanciones como el allanamiento a sus oficinas en Perú o bloquear sus cuentas en el país no figuran en el escrito de la fiscalía remitido al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a pesar de las consecuencias jurídicas del artículo 105 del Código Penal, el cual establece la clausura temporal o definitiva de los locales o establecimientos, la disolución de una persona jurídica o la suspensión de las actividades de una empresas en el país.

Esto se debería a una cláusula clave del preacuerdo de colaboración que la fiscalía firmó con la empresa a inicios de enero y que es confidencial, la cual no permitiría que el fiscal Castro Trigoso solicite ninguna medida de fuerza contra alguno de los representantes de Odebrecht o la empresa misma.

Para el exfiscal superior adjunto Avelino Guillen, el Ministerio Público debería abrir nuevas líneas de investigación, independientemente de lo que Odebrecht pueda aportar, ya que les conviene reconocer el menor número de delitos posibles para que el monto de la reparación civil que tenga que pagar se menor. "No es lo mismo que alguien robe un celular a que haya cometido 10 asaltos a un banco. [No es lo mismo que alguien] haya robado 10 soles o centenares de millones. Ellos van a reconocer lo menos", dijo el exmagistrado en Ideeleradio.

Por su parte, el actual representante de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz Lopes, ha afirmado que la empresa necesita sobrevivir para cumplir con sus obligaciones de entregar pruebas que serían muy difícil de conseguir por el Ministerio Público si la constructora no colaborara con las autoridades. Agregó que ninguna empresa daría este tipo de ayuda si a los pocos días se les expulsa, como piden algunas voces en el caso de la firma brasileña.

“Muy difícilmente, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán contar con una cantidad tan importante de informaciones como la que se pasa cuando hay una colaboración. Ninguna empresa querrá colaborar si a los días que comienza a hacerlo, será expulsada”, dijo en entrevista con El Comercio.

(Foto portada: Andina)

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