Las autoridades de Colombia capturaron este jueves en Bogotá a Gabriel García Morales, exdirector del Instituto Nacional De Concesiones (Inco) y exviceministro de Transporte en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. ¿La razón? La Fiscalía General de la Nación de este país tener pruebas de que este alto exfuncionario le exigió en 2009 un soborno de 6,5 millones de dólares a la constructora brasileña Odebrecht para que obtuviera el contrato por 2,4 billones de pesos del segundo tramo de la Ruta del Sol.

Pero esta detención parecer ser solo la punta del Iceberg, porque la Fiscalía reveló también que Odebrecht hizo otros pagos para "obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en la actual administración" de Juan Manuel Santos, y que hay rastros de sobornos a nivel regional y local. 

De hecho, la misma empresa brasileña, en su acuerdo de lenidad con la justicia de EEUU, admitió que los pagos bajo la mesa que entregó en Colombia alcanzaron los US$11,5 millones, bastante menos que los US$ 29 millones que dice haber pagado en Perú, donde las investigaciones judiciales parecen ir a otro ritmo, no solo porque aún no se ha dado ninguna captura, sino que el Ministerio Público peruano aseguró que hasta la fecha no sabe los nombres de los implicados ni la obras por las que se pagó coimas.

García será acusado en las próximas horas por al menos dos cargos: interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. Luego de su detención, el exvicemnistro fue interrogado durante tres horas en el búnker de la Fiscalía en la capital colombiana.

"La Fiscalía tiene evidencia de que el señor García exigió el pago de US$6,5 millones para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación del tramo dos de la Ruta del Sol, excluyendo a otros competidores, para que le fuera otorgada la concesión, como en efecto ocurrió", dijo en conferencia  el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien agregó que la diferencia -el monto restante de los 11,5 millones, "se utilizó para obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración".

La ANI nació en el 2011, durante el primer gobierno de Santos, con el objetivo de acabar justamente con los escándalos que marcaron la corta vida institucional del Inco y de varios de sus altos funcionarios que terminaron en procesos judiciales.

Martínez indicó también que hay indicios de corrupción en contratos asignados a Odebrecht por Gobiernos locales y regionales. "Se han identificado contratos del orden local con entidades territoriales", aseveró anunciar la judicialización "de un mayor número de intervinientes" en ese esquema delictivo que montó la empresa brasileña, principal protagonista de la operación Lava Jato en Brasil, que destapó la mayor trama de corrupción en la historia de América Latina.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía colombiana, en el caso del tramo dos de la Ruta del Sol, las coimas se pagaron en Brasil, a través del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht. "Ese era el mecanismo mediante el cual esa firma hacía los pagos derivados de la corrupción", subrayó Martínez, al señalar que tienen documentos "sobre esos pagos".

Acuerdo cerrado

El fiscal Martínez confirmó también que Odebrecht solicitó beneficios judiciales para sus ejecutivos a cambio de colaboración en la investigación contra los demás implicados en Colombia, un acuerdo similar al que negocia con la justicia peruana y la de otros países en los que actuó al margen de la ley.

Martínez Neira explicó que para avanzar con una negociación de este tipo se puso como condición que Odebrecth repare a Colombia por el daño ocasionado con sus negocios ilegales. Según el fiscal general, se estableció que la empresa le pagará a la Nación un monto cercano a los 32 mil millones de pesos (unos US$10,9 millones).

"El monto de reparación acordado con la firma brasileña para el caso colombiano supera el que se obtuvo en el Perú, según la información pública que se conoce", sostuvo el magistrado colombiano, al señalar que en nuestro país las coimas de Odebrecht alcanzaron los US$ 29 millones, mientras que el pago que se acordó como compensación es de 30 millones de soles (unos ocho millones de dólares), aunque luego la fiscalía peruana aseguró que este era solo una cantidad inicial del pago final.

El jefe del ente acusador señaló que los voceros de la constructora aceptaron las condiciones planteadas por la fiscalía colombiana, y sostuvo que esos beneficios se concederían en el marco del Estatuto contra la corrupción aprobado en 2011, el cual se estrenaría con este caso, al amparo del artículo 14, referido a los principios de oportunidad, que garantizan negociaciones en casos de cohecho "si una de las partes denuncia a la otra".

Martínez subrayó que este acuerdo será clave para llegar a otros implicados en la red de pago de sobornos en Colombia, donde Odebrecht ha realizado megaobras en todo el país durante más de dos décadas. 

"La Fiscalía continuará esta investigación que apenas comienza; se avanzará hasta establecer de manera rotunda y definitiva a todos los terceros y funcionarios públicos involucrados en esos hechos", dijo el fiscal general.

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