Mientras las autoridades judiciales investigan el esquema delictivo de corrupción que montó Odebrecht para ganar obras públicas en el Perú -donde opera desde 1979-, y el Gobierno emite normas -como la 'muerte civil' de empresas- para evitar que se repitan casos así, la constructora brasileña no piensa quedarse de brazos cruzados y ahora lo que pretende es entrar al negocio inmobiliario privado en el país.
Así lo reveló la revista Veja de Brasil, que publicó un documento enviado a la corte federal de Paramá, en el norte de ese país, por el director de Recursos Humanos de Odebrecht, Enio Andrade Ribeiro. Ahí se dice, según la referida versión, que la firma realizará las primeras conversaciones con representantes del mercado inmobiliario peruano.
Incluso Odebrecht ya designó a Rodrigo Costa Melo, director de Realizaciones Inmobiliarias de la compañía e investigado por la Policía Federal en el marco de la operación Lava Jato, como el encargado de llevar adelante estas tratativas. Para ello, ya se ha solicitado a la justicia que le devuelva su pasaporte para que viaje a Perú este mismo mes.
Según Veja, entre los proyectos privados en que Odebrecht evalúa participar en nuestro país, tanto en Lima (Miraflores) como en Tumbes, hay uno de casas y viviendas multifamiliares; otro de un mall, una torre comercial y un hotel.
En la oficina de la constructora brasileña en Lima, voceros consultados por Gestión aseguran que no saben nada de lo que señala la publicación de la citada revista de Brasil.
Quien sí se acaba de manifestar, nuevamente, sobre la situación de Odebrecht en el Perú es el jefe del gabinete, Fernando Zavala, quien afirmó que el Gobierno no permitirá que esta constructora se beneficie de las ventas de las concesiones que tiene con el Estado. El premier ha ratificado también que la cuestionada empresa no volverá a tocar obras públicas en el país.
"Cuidando el debido proceso, no vamos a permitir que Odebrecht se beneficie de cualquier venta de sus posiciones en el Perú, y nosotros estamos preocupados en defender los intereses de los ciudadanos y del Estado", dijo Zavala en conferencia el último martes.
A la fecha, Odebrecht tiene siete proyectos de concesión en el Perú, de los cuales vendió el 75% de su participación en Rutas de Lima y está en proceso de hacerlo en Olmos y en el Gasoducto Sur Peruano (GSP). En todos estos casos al fondo de inversión Brookfield, que también compró proyectos de Odebrecht en otros países en los que la constructora es investigada, lo que ha levantado sospechas en algunos de que se trate en realidad de firmas vinculadas. Pero Zavala no lo cree así.
Pero, ¿cómo lograr que Odebrecht no se beneficie de la venta de sus activos en Perú? El abogado César Azabache, exprocurador anticorrupción del país, propone un camino que no requeriría la vía judicial: un acuerdo al que tendrían que llegar el Estado, Odebrecht y el comprador de la participación de la empresa brasileña.
"Basta que las partes acuerden que esos montos sean depositados en una cuenta de garantía -le llaman cuentas Escrow, es algo semejante a un fideicomiso- bajo condiciones. De modo que esos fondos no se pueden liberar hasta que al Estado le hayan liquidado el monto exacto de la reparación que debe recibir a consecuencia de los actos de soborno", explicó Azabache a El Comercio.
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