El contralor Édgar Alarcón se dejó ver el fustán naranja. El titular de la Contraloría trató de minimizar la sospechosa compra de 980 computadores sin licitación que hizo el Congreso a una empresa fantasma en Trujillo por un monto de S/5 millones, al señalar que se está haciendo "ruido" por este caso y descartar responsabilidad en la titular del Parlamento, Luz Salgado.

"Estamos haciendo ruido por 5 millones en el Congreso, pero han sido 2,914 millones hacia atrás", dijo en radio Exitosa, en alusión a las compras que el Estado en general hizo de equipos de cómputo y accesorios multimedia bajo la modalidad de "compras por catálogo o convenios marco".

Pero lo que no menciona Alarcón es que en esta compra "a dedo" no solo se habría pagado equipos sobrevalorados, sino que el proceso se apuró, de forma extraña, para evitar la prohibición del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) de realizar adquisiciones estatales mayores a S/400 mil sin licitación. El mismo día -25 de noviembre- en que esta entidad publicó la medida respectiva en el boletín de normas legales, el Congreso emitió las órdenes de compra por S/5 millones a favor del Grupo Coresol, que consignó una dirección falsa en un pueblo joven de Trujillo y no registra en este año actividad bancaria o financiera.

Lo que sí confirmó el contralor es que su despacho ha remitido un documento al Congreso en el que alerta sobre el "riesgo" en el referido proceso de compra, tal como anunció la misma Luz Salgado, a quien Alarcón 'limpió' de cualquier atisbo de culpa en este proceso, al igual que al oficial mayor, José Cevasco.

Según Alarcón, en este caso, la responsabilidad solo alcanza al jefe de Logística del Congreso, Sergio Romero. "Él ingresa las necesidades, ve las ofertas de los proveedores y tiene que ver si este proveedor cumple o no los requisitos de acuerdo a (las) bases del Congreso. Eso no lo va a hacer, pues, la presidenta del Congreso (Salgado), el oficial mayor (Cevasco), la gerenta de administración. Tiene que ser el de logística", subrayó.

¿Y la responsabilidad política, esa que el fujimorismo le achacó al exministro Jaime Saavedra por un caso similar, para censurarlo con ese pretexto? Aquí, al parecer, para Alarcón se aplica el viejo adagio 'Para mis amigos todo, para mis enemigos la Ley'. Incluso hasta el mismo presidente Kuczysnki puso en duda su imparcialidad apenas asumió el poder. Y es que el contralor ha sido cuestionado por sus vínculos con el fujimorismo, luego de que en agosto pasado contratara, como coordinador de la Contraloría en el Congreso, al exlegislador Juan José Díaz Dios, quien tuvo que renunciar ante las críticas.

Además, como recuerda La República, Alarcón también trabajó con José Cevasco en la Contraloría y en ahora tiene en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas a Luis García-Corrochano, quien fue viceministro de Justicia del fujimorismo y uno de los artífices del retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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