Van 78 días de protestas de 48 comunidades de las cuencas de los ríos Marañón, Tigre, Pastaza, Chambira y Corrientes, afectadas durante cuatro décadas por la explotación petrolera en los lotes 8 (operado por Pluspetrol) y 192 (operado por Pacific Stratus Energy). El epicentro de la manifestación es Saramurillo, en el distrito de Urarinas, en la región Loreto.
Esta semana llegaron a Lima una centena de apus, representantes de estas comunidades, para dialogar con el gobierno, luego de que ambas partes se mostraran proclives a solucionar el conflicto pero cada una exigiendo condiciones: la presencia del titular de la PCM, Fernando Zavala, los nativos; el desbloqueo fluvial, el gobierno.
Se han reunido con algunos ministros y funcionarios públicos, han acudido al Congreso de la República y a otras instancias para comunicar su situación y buscar la intermediación. No obstante, consideran que el gobierno no ha hecho lo suficiente para dar soluciones reales. La contraparte gubernamental señala que los indígenas no dan su brazo a torcer.
Así, por un lado, los dirigentes amazónicos afirman que quieren dialogar, y creen que la PCM desea lo mismo, pero debido a sus malas experiencias con gobiernos anteriores es natural que duden. De hecho, en la reunión de inicios de esta semana no hubo acuerdos y más bien denunciaron que el Ministerio de Defensa les quiso hacer firmar un acta con el que ellos no estaban de acuerdo ni elaborado.
Por ello, hoy, 18 de noviembre recorrieron desde la Plaza San Martín algunas calles de Lima para hacer escuchar sus reclamos. Su propósito era llegar hasta las zonas aledañas a donde se lleva a cabo la Cumbre APEC pero la Policía Nacional les cerró el paso.
Hubo desencuentros entre manifestantes (que fueron pacíficos) y los policías, que en algún momento fueron prepotentes e incluso empujaron a una representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que acompañaba la manifestación.
Los indígenas no quisieron enfrentarse, tampoco provocaron ni hicieron desorden. Marcharon pacíficamente y comprendieron que no se les permitiría seguir por todas las disposiciones de seguridad que se han dictado debido a la APEC.
Regresaron al Centro de Lima. Aún tienen esperanzas de que el gobierno actúe rápidamente e inicien las negociaciones aprovechando su estadía en Lima. En Loreto, alrededor de 7,000 nativos esperan una orden de sus dirigentes. La estadía de estos nativos, que son quienes deciden en nombre de sus representados, es una oportunidad para solucionar un conflicto que podría exacerbarse. Los ministros y funcionarios no tienen que viajar esta vez. La mesa está servida para el gobierno, ¿qué espera?
Represión policial
Como comentamos en la transmisión que hicimos en vivo, la marcha, que fue pacífica, fue interrumpida por la Policía Nacional que si bien siguió órdenes de sus superiores su accionar ante los indígenas fue criticada por éstos y por miembros de la sociedad civil. Tito Bracamonte y Ana María Vidal, ambos de la CNDHH, dieron su opinión a LaMula.pe.
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