El constitucionalista y exsenador Enrique Bernales será quien presida el grupo especial de trabajo que el Ministerio de Defensa (Mindef) ha formado para revisar los procesos de ascensos y pases a retiro en las Fuerzas Armadas (FFAA) otorgados durante el gobierno de Ollanta Humala. 

Como se recuerda, existen varios cuestionamientos que tienen como protagonistas a miembros de la promoción del exmandatario (Héroes de Pucará y Marcavalle 1984). Según La República, cuatro de ellos -Próspero Díaz Arrué, Augusto Villarroel Rossi, Manuel Rodríguez Luna Victoria y Manuel Gómez de la Torre Araníbar- alcanzaron el grado de General de División, máximo escalafón del Ejército. Precisamente, estos cuatro escalonamientos tendrán una atención especial. 

Esta información fue confirmada por el propio titular del Mindef -Mariano González- durante su presentación en la Comisión de Defensa del Parlamento. 

"Hay descontento en las FFAA porque en muchos casos no se han respetado los cuadros de mérito en los ascensos. Será prioridad de mi gestión corregir este tipo de situaciones y que nunca más se repitan", resaltó. 

Durante su alocución también informó que su administración revisará los nombramientos de militares en el exterior. En esa línea, reveló que ya ha solicitado el regreso del suboficial del Ejército Amílcar Gómez Amasifuén (asignado a Unasur y a la Escuela Sudamericana de Defensa), acusado de pagar a testigos en el caso Madre Mía para exculpar al líder nacionalista.  

En otro momento -y para evitar futuras suspicacias sobre una presunta injerencia de Nadine Heredia- enfatizó que ningún funcionario contratado en el gobierno anterior continúa en su cargo.  

CUESTIONA MODALIDAD DE COMPRA

Durante su estancia en la Comisión de Defensa, González enumeró cada una de las adquisiciones militares durante la gestión de Ollanta Humala. Precisó que 11 de ellas fueron hechas bajo la modalidad 'de gobierno a gobierno', la cual ha sido cuestionada debido a su poca transparencia. Por tal motivo -expresó- su despacho no utilizará más dicho mecanismo. 

"[Las compras de gobierno a gobierno] se encuentran excluidas de los alcances de la Ley de Contrataciones y, por lo tanto, el control es bastante limitado. Sería recomendable que la Contraloría [General de la República] emita una directiva que regule los procedimientos para los mecanismos de gobierno a gobierno, cautelando el uso adecuado de los recursos, y que permita una fiscalización general", manifestó. 

Asimismo, recordó que el próximo 15 de setiembre será puesto en órbita -desde el Centro Espacial Kourou (Guyana Francesa)- el satélite submétrico Perú SAT-1 (cuyo costo fue de S/ 600 millones). 

Sobre este dispositivo refirió que ya recibió el resultado de una auditoría de cumplimiento de los actos preparatorios del proceso hasta la suscripción del contrato (elaborado por la Contraloría). Reveló que solicitará una auditoría adicional para la etapa de ejecución contractual y otra que aborde la evaluación de desempeño.

[Con información de Perú 21 y La República]

[Foto de portada: Andina]

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