Post: Tratado de Marrakech: Gran avance, mucho por hacer

El 3 de febrero del 2016, el Congreso de la República dio un paso histórico en favor de las personas con discapacidad visual y otras dificultades para la lectura impresa, al ser el país número 14 en ratificar el Tratado de Marrakech.

Dicho acuerdo, impulsado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ONPI), obliga a los Estados ratificantes a adaptar sus normas relacionadas a los derechos de autor, para facilitar el acceso a libros y otras creaciones a las personas con discapacidad visual y con otros problemas para la lectura. Esto se pondrá en marcha cuando 20 naciones lo hayan ratificado.

Este suceso, considerado un avance en cuanto a la no discriminación de las personas con discapacidad, no fue difundido por ningún medio de comunicación.

Solo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) publicó una nota en su página web informando del hecho, acompañado de un comunicado de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), que felicitaba “a los compañeros y compañeras de Perú que han trabajado muy duro para que sus autoridades conocieran y comprendieran la relevancia de este instrumento”.

Con esto, el Estado peruano tendrá que trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para que las normas de nuestro país hagan realidad este paso a favor de esta población. Pero el camino no será sencillo.

CAMBIOS EN LAS LEYES

El subdirector de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Rubén Trajtman, dijo a Lamula.pe que si bien esta ratificación “ha sido un importante logro para este sector de la población”, hay que trabajar en el tema legal para que sea realidad.

“El tratado tiene muchos aspectos que la legislación interna no contempla”, advirtió Trajtman. Por ejemplo, indicó que el derecho de autor establece límites para el acceso a determinadas obras, y el derecho de reproducción explica en qué casos hay infracción al momento de reproducir un trabajo. “La idea es que el campo editorial favorezca a este sector”, agregó.

En ese sentido, Trajtman recordó que existe la Ley 27861, promulgada por el expresidente Alejandro Toledo el 11 de diciembre del 2002 y que exceptúa el pago de derechos de autor para invidentes, y contempla que las reproducciones se pueden hacer “siempre que estas se efectúen bajo el sistema Braille y sin fines de lucro”.

“Después de eso, no hay nada”, dijo el funcionario, quien sin embargo afirmó que “Marrakech llena este vacío”. En su opinión, la única manera de implementar el Tratado es una modificación legislativa al Decreto Legislativo 822, y que esto se puede hacer a través de una propuesta de la Dirección de Derechos de Autor de Indecopi elaborada luego de la ratificación del Tratado, que tendrá que ser remitida al Congreso.

Por su parte, John Hinojosa, del colectivo Discapacidad Visual Perú, dijo a Lamula.pe que este tratado, junto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas “son herramientas fundamentales para crear acceso y ayudarán a las personas con discapacidad”.

Mencionó que en este proceso deberán intervenir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación (Minedu) y la Biblioteca Nacional del Perú.

Trajtman añadió que además de Indecopi, también debe participar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de la Comisión Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis).

LA POBLACIÓN QUE DEBE SER ATENDIDA

Según la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad (Enedis) del 2012, un total de 1’575,402 peruanos tienen algún tipo de discapacidad visual, en el que se incluyen personas con paraplejia que no pueden sostener un libro.

Al respecto, Hinojosa dijo que al contrastar estas cifras con las de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que en países como el nuestro el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, “vendrían a ser cuatro millones de peruanos”.

En el caso de la discapacidad visual, indicó que “hay una población con baja visión, que no ve casi nada y solo aprecia colores, bultos, caracteres, y que necesita leer con letras en 24 puntos”.

Por ello, Hinojosa afirmó que el Estado debe hacer un estudio completo de cuánta población existe con discapacidad visual y otras dificultades para tomar un texto, para atender debidamente a este sector en el marco de la vigencia del tratado.

“La información es escasa porque el Estado nunca se preocupó por determinar las cifras de manera más exacta”, añadió.

Pero Hinojosa no se quedó en ese detalle, y señaló que el Estado solo cuenta con cifras del sector que habla español, y no tiene números de población de habla quechua, que supera los 3 millones de hablantes; y de otras lenguas originarias del país.

“Somos un país multicultural, con muchas lenguas; y allí también hay población con discapacidad visual no identificada”, sostuvo.

EL PAPEL DEL MINEDU

Trajtman señaló que el Minedu, a través del Centro Nacional de Recursos de Educación Básica (Cenarebe) “imprime textos en Braille para los colegios del Estado”, pero no para los privados, por lo cual los padres que tienen a sus hijos con discapacidad visual en estos últimos se ven obligados a invertir en ello.

A esto se agrega que, según Hinojosa en los colegios privados se distribuyen textos de editoriales como Santillana y Norma, “que no tienen libros en Braille, ni textos con caracteres más grandes”.

“El tratado también implica que los textos escolares sean accesibles para alumnos con discapacidad visual”, agregó el representante del colectivo Discapacidad Visual Perú, quien señaló que no se trata solamente de textos en Braille, sino “de lectura en audio y digitalizada”.

“Hay que tratar que toda la producción sea de buena calidad y que llegue a todos los usuarios del Perú. Es un trabajo grande, de mucho compromiso, que nos va a tomar mucho tiempo”, expresó.

Para lograr este objetivo, Hinojosa señaló que “esto significa concienciar a editoriales, bibliotecas, a los fondos editoriales de las universidades. Queremos ver si la Cámara Peruana del Libro nos da un stand (en la Feria Internacional del Libro de julio) para hablar del Tratado de Marrakech”.

NO TENEMOS MATERIALES PARA INTERCAMBIO

Hinojosa también indicó que el Estado, en el marco del Tratado de Marrakech, debe preocuparse en producir material para intercambio con otros países firmantes.

“Cuando el tratado entre en vigor, habrá transferencias de información entre países firmantes, y podremos recibir obras de España, Uruguay, Argentina, Colombia a manera de intercambio oficial. ¿Pero nosotros qué vamos a dar? Solo podemos recibir porque no tenemos material. Ese es otro reto”, argumentó.

Puso como ejemplo que, si hubiera un ciudadano español invidente que necesitara leer La Palabra del Mudo de Julio Ramón Ribeyro, no va a encontrar su versión en Braille o digitalizada “porque el Perú nunca ha sonorizado ni digitalizado esa obra”. Agregó que España “tiene gran cantidad de material en audio, Braille, y por cuestiones legales no pueden donárnoslo, pero con el tratado será posible”.

El hecho de que el Perú haya ratificado el Tratado de Marrakech es un gran paso para atender a una población que ha sido descuidada por el Estado; pero hay que trabajar más allá de la cuestión legal. Como diría César Vallejo, “hay, hermanos, mucho por hacer”.

Foto de cabecera referencial: Agencia Andina.