'Institucionalizar la rendición de cuentas' fue uno de los puntos clave de Yehude Simon, candidato presidencial del Partido Humanista, durante su exposición en el foro: 'Los candidatos presidenciales ante la corrupción' organizado por Proética.
El expremier afirmó que uno de los lineamientos de su propuesta para los electores es la concepción del Perú como un país sin corrupción.
En esa línea, el actual congresista explicó que, de llegar al poder, implementará diferentes medidas. Una de ellas es la promover la institucionalización de la rendición de cuentas anuales obligatorias para toda autoridad elegida por el voto popular, incluido el presidente de la República. De no cumplirse con esa disposición habría una inhabilitación y hasta un proceso penal. Agregó que también se creará un único sistema de adquisición pública con fiscalización ciudadana.
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Una de las propuestas más polémicas, sin duda, fue la construcción de una cárcel especial para los condenados por corrupción. Simon argumentó que esta tendrá un efecto disuasivo ya que un nombre manchado es una de las peores condenadas para cualquier ciudadano. A esta idea, se le sumó la creación de una Comisión de la Verdad contra la Corrupción de los últimos 25 años "para que todos los peruanos estemos informados y sepamos quiénes son los corruptos con nombre y apellido".
En cuanto al Congreso, el candidato presidencial señaló que propondrá la pérdida del escaño en caso de que un legislador sea responsable de un caso de corrupción. De igual manera, se promoverá la vacancia para las autoridades que no cumplan sus promesas.
El exgobernador también indicó que en una eventul gestión suya aplicara Convención Internacional de Lucha Contra la Corrupción, la cual protege la identidad de los denunciantes. Sobre la fiscalización hará que los auditores no dependen de las autoridades que deben investigar. "Los sentenciados por corrupción deberán pagar sus alimentos y trabajar dentro del penal para pagar la reparación civil", aseveró.
Finalmente, Simon prometió una reingeniería de la Contraloría General de la República. A su vez, se obligará al jefe de esta institución a presentar un informe trimestral al Congreso que permita conocer los principales casos de uso irregular de los recursos públicos en los gobiernos regionales y municipales.
[Foto de portada: Andina]
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