Luis Castañeda Lossio llegó a la Municipalidad de Lima y dio señales de querer arrasar con todo. Uno de los proyectos que canceló fue Río Verde, cuya ejecución implicaba la recuperación de 6 km del río Rímac para áreas verdes y la construcción de túneles para el transporte en beneficio de los distritos Rímac, El Agustino, Cercado, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Además, la anterior gestión municipal llegó a un acuerdo con la comunidad shipiba de Cantagallo para que sean trasladados a un moderno conjunto habitacional, ya que ellos viven actualmente en las riveras del Rímac.
Todo esto anuló Castañeda y ahora la comunidad shipiba está evaluando qué medidas tomar para hacer respetar sus derechos indígenas. Ellos llegaron a Lima en el 2001 invitados a participar de una feria artesanal y terminaron convirtiéndose en vecinos de la capital peruana. Al principio, se sintieron discriminados ante la falta de atención de las autoridades. Pensaron que eso había sido superado, pero con Castañeda vuelven a sentir lo mismo.
El dirigente de la comunidad, Ricardo Franco, y la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Isabel Urrutia, estuvieron el lunes 20 de abril en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la conferencia "Voces de Cantagallo". Ellos explicaron cuál es la situación de la comunidad shipiba y cuáles son sus exigencias.
Urrutia explicó el acuerdo al que se había llegado con la gestión anterior:
"La institución de la Municipalidad reconoció en el 2012 que se iba a afectar a la comunidad. Ante esta situación, la gestión anterior reconoció que la comunidad iba a ser afectada y por lo tanto debía ser reparada. Existía el riesgo de que las reparaciones individuales fraccionaran la comunidad. La comunidad aceptó ser reubicada si los mantenían juntos, informados y se realizaba el proceso con diálogo y transparencia. Había un derecho adquirido a la reparación, a ser reubicados. Este derecho no se está reconociendo ahora. Como hay derechos constitucionales en juego, no se debe descartar la acción por la vía judicial".
Como señalamos anteriormente, este podría ser considerado un caso de discriminación. La abogada del IDL dice:
"Hay una actitud fuerte de discriminar y de invisibilizar por parte de la Municipalidad. Se trata de un reconocimiento previo de derechos (reparación, reubicación) que está siendo ignorado . La municipalidad se ampara en un entendimiento de las cosas: la comunidad es como una de muchas que vive en condiciones precarias. Ninguna de las declaraciones de cancelación o modificación del programa han sido respaldadas por un documento. En la última reunión, dijeron que reconocían y valoraban a la comunidad y que la reubicación iba a ser una forma de revindicarla. A raíz del rechazo que generó la comunidad y muchos grupos de ciudadanos activos, notamos que hay una especie de cambio de discurso. No queremos romper de antemano el diálogo. Estamos esperando hasta la reunión del viernes para recibir la información".
¿Y cómo se ha comportado hasta ahora la gestión de Castañeda? El dirigente shipibo Ricardo Franco afirma:
"El motivo de la reubicación de la comunidad shipiba fue su cercanía al río. La propuesta de la comunidad fue ayudar a buscar un terreno. Ahora no hay diálogo ni reconocimiento de la comunidad shipiba. La única opción era organizarnos y reclamar por nuestros derechos. No ha sido voluntad de la Municipalidad recibirnos, lo han hecho por la presión. Nos hemos molestado con la forma en la que nos han atendido, la forma en la que asesores han respondido a nuestras preguntas. Hemos quedado en recibir el documento que informa sobre la situación del proyecto Río Verde el día 24 de abril. Este no es un favor que le estamos pidiendo a la comunidad, es un derecho que ya ha sido afectado. Ningún abogado, politico o antropólogo que sabe sobre la realidad de la comunidad está de acuerdo".
Franco deja claro que los shipibos de Cantagallo harán respetar sus derechos:
"La posición de la comunidad shipiba es hacer respetar el derecho adquirido durante la gestión anterior. La comunidad no puede retroceder cuando ya hay un fondo destinado para la construcción de las viviendas. Lo que quiere la comunidad es transparencia y que seamos atendidos con el fondo que ya hay".
Recordemos que Castañeda desvió los fondos que estaban destinados para Río Verde hacia el proyecto de los bypasses de las avenidas 28 de julio, Garcilaso de la Vega y Arequipa en el Centro de Lima. En esta zona, un grupo de jóvenes viene acampando desde el 13 de abril en protesta contra lo que consideran la "destrucción" de Lima.
Si la comunidad shipiba decide denunciar a la Municipalidad de Lima, debido a su condición de pueblo indígena, tiene todas las de ganar. No le conviene a la gestión de Castañeda negarse a emprender el proyecto Río Verde. El ministro de Economía, Alonso Segura; y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, han cuestionado a Castañeda por estas medidas.
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