El Poder Judicial dictó 16 meses de prisión preventiva para los suboficiales Yuber Hernán Condori y Omar Ticona, quienes son acusados de los delitos de tráfico ilícito de drogas y usurpación de funciones. Los policías, quienes laboraban en la comisaría de Santa Bárbara en Juliaca, serán recluidos en un penal de Puno en las próximas horas, informó RPP.
Según el Ministerio Público, los efectivos habrían simulado operativos antidrogas, a pesar de que esta labor no era de su competencia, para apropiarse de manera irregular de más de 26 kilos de cocaína en la zona del Vraem. La investigación, que se desarrolla desde agosto, permitió sustentar el caso ante el Poder Judicial, que aprobó la medida cautelar de prisión preventiva.
Ricardo Yampara, fiscal provincial a cargo del caso, informó que los policías implicados fueron sorprendidos en posesión de la droga, lo que motivó la intervención y las respectivas investigaciones.
Las autoridades destacan la importancia de esta medida en un contexto donde más de mil policías han sido expulsados en el último año por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Este caso no es el primero en poner en evidencia los problemas internos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra el narcotráfico. Durante los últimos meses, varios agentes han sido detenidos y acusados de colaborar con el narcotráfico o realizar operativos irregulares para su beneficio.
Este panorama debería generar un debate sobre la necesidad de reformar las políticas antidrogas en el país, con un enfoque en la transparencia y en fortalecer los mecanismos de control interno en la Policía Nacional del Perú (PNP).
Las nuevas políticas de drogas abogan por un cambio de estrategia que no solo se centre en la persecución penal, sino que incluya la prevención y el tratamiento
La revisión de la actual "guerra contra las drogas" ha ganado fuerza en la región, con propuestas que buscan reducir el impacto del narcotráfico a través de la despenalización controlada y el enfoque en la reducción de daños, priorizando la atención integral de las comunidades afectadas por el tráfico y el consumo de drogas.
La implementación de estas políticas, sin embargo, enfrenta desafíos en un país como Perú, donde la corrupción en las fuerzas de seguridad sigue siendo un obstáculo importante.
[Foto de portada: Andina]
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