Si en Perú existe el aseguramiento universal, ¿por qué no se garantiza el acceso a medicamentos a través del Estado, especialmente en un contexto de aumento de la pobreza? Para el químico farmacéutico Javier Llamoza, investigador de Acción Internacional para la Salud (AIS), la recientemente promulgada Ley de Medicamentos Genéricos no beneficia a las personas pobres y extremadamente pobres.
La Ley de Medicamentos Genéricos fue promulgada este domingo por la presidenta Dina Boluarte en una ceremonia que contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Salud, César Vásquez, congresistas de la República y representantes del sector Salud. El Gobierno peruano resaltó que la norma establece que farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud del sector privado pongan a disposición de la población o demuestren la venta no menor del 30 % de los medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional (DCI).
Al respecto, Llamoza precisó que apenas 4.8% de los pobres accede a medicamentos a través del sector privado, al que los extremadamente pobres no tienen ningún acceso por falta de recursos.
“Es falso cuando se dice que 20 millones de peruanos se van a beneficiar con esta ley. El sector privado no está orientado a proteger a los más pobres”, señaló.
El investigador recordó que el Estado peruano tiene la obligación de abastecer de medicamentos a toda la población. Por ello, hizo un llamado a declarar en emergencia al sistema de salud público para que el Estado se abastezca de todos los medicamentos necesarios para garantizar el acceso a toda la población. Actualmente, los pacientes pagan de su bolsillo sus tratamientos, a pesar de que la salud es un derecho fundamental.
“Hemos pasado de un desabastecimiento crónico de medicamentos en el Estado a un desabastecimiento agudo”, señaló Llamoza.
Como advertimos en marzo pasado, el 40% de establecimientos de salud no tiene un abastecimiento adecuado de medicamentos, según información de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
Entre otras causas para explicar este desabastecimiento en el sector público, está la inestabilidad política y los constantes cambios de funcionarios, como viene ocurriendo en el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). En el tiempo que Boluarte ocupa la Presidencia, Cenares ya lleva siete distintos directores generales, seis de los cuales son de la gestión del actual ministro Vásquez. Cenares es la entidad responsable de la compra y distribución de la mayoría de los medicamentos esenciales del sistema público de salud. Los constantes cambios en su dirección tienen un impacto en el suministro de medicamentos del país, lamentó Llamoza.
Anteriormente, más de 50 organizaciones de la sociedad civil, incluidos pacientes y usuarios de los servicios de salud, advirtieron que esta ley no garantizaba el acceso porque deja en libertad a las boticas y farmacias tener genéricos DCI dependiente de su oferta. Mario Ríos Barrientos, director de Derecho Justicia y Salud, señaló que se requiere garantizar el 100% del abastecimiento de los medicamentos en los establecimientos públicos de salud, asegurando su entrega oportuna y administrando el tratamiento adecuado para cada enfermedad.
“El Congreso y el Poder Ejecutivo, están engañando a la población con falsas expectativas de solucionar los problemas del acceso a medicamentos con el gasto del bolsillo de los más pobres. Esto es inaceptable y nos estamos dejando engañar”, cuestionó Ríos Barrientos.
La Ley de Medicamentos Genéricos, por otro lado, prohíbe que farmacias, boticas, farmacias de los establecimientos de salud y botiquines, ofrezcan consultas médicas, análisis clínicos, recolección de muestras, campañas médicas, entre otros. También restringe la comercialización de productos cuyo expendió esté prohibido por la Autoridad Nacional de Salud.
La ley promulgada establece que el Ejecutivo tiene un plazo de 60 días calendarios para adecuar y actualizar los reglamentos de la Ley 26842 (Ley General de Salud) y Ley 29459 (Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios); y que anualmente el Ministerio de Salud a través de las direcciones de competencia y la Comisión de Salud y Poblaciones Vulnerables, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismo Regulador de los Servicios Públicos del Congreso elaborarán un informe sobre el impacto de dicho reglamento.
presidenta dina boluarte firmando la ley de medicamentos genéricos junto a congresistas / congreso
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