En caso se apruebe el proyecto de ley que busca la amnistía para criminales de lesa humanidad, no será tan fácil que los sentenciados logren impunidad, ya que se tendrá que iniciar un procedimiento en el Poder Judicial y los jueces de la Sala Penal Nacional defenderán sus fallos, señaló, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
En un conversatorio organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Rivera explicó que “no será tan fácil” que los violadores de derechos humanos se beneficien con la ley. Señaló que las partes interesadas tendrían que iniciar un proceso de suspensión, con lo que se generaría un incidente judicial en el cual los jueces deciden aplicar o inaplicar la norma. Rivera calculó que hay más de 30 casos de lesa humanidad los que se verían afectados y más de 300 víctimas las que serían perjudicadas en su derecho a la justicia.
Entre los casos más conocidos, mencionó Manta y Vilca, las masacres de Accomarca y Cayara, el asesinato de Hugo Bustíos, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros. El abogado del IDL resaltó que los delitos de lesa humanidad han sido reconocidos en otros países como Chile, Argentina, Guatemala, Paraguay, entre otros.
En el mismo sentido, la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), estimó que los jueces “van a inaplicar” la ley de amnistía, ya que los magistrados van a defender sus fallos ante los intentos de los que han sido derrotados judicialmente. Cano consideró que esta propuesta legislativa forma parte de un ataque mayor al sistema de justicia. La abogada reconoció la demora de algunos juicios y señaló la falta de más salas judiciales para juzgar, pero lamentablemente no hay presupuesto, agregó.
Por su parte, la abogada Valeria Reyes, del Instituto de Derechos Humanos de la PUCP (Idehpucp), aclaró que los congresistas han difundido de manera tendenciosa la idea de que antes del Estatuto de Roma no existirían los delitos de lesa humanidad. Respecto a la propuesta legislativa, consideró a esta como paradójica, ya que la naturaleza del Estatuto de Roma era luchar contra la impunidad. Señaló que en Perú hay una “tendencia regresionista en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
El proyecto de ley 6951/2023-CR, proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, fue presentado el 1 de febrero por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular). El pasado 12 de marzo, la Comisión de Constitución aprobó este proyecto.
La clave, señalaron los especialistas, está en el Artículo 7, donde se pretende declarar la prescripción de los procesos en los casos que se haya cumplido con el máximo establecido por la ley penal vigente.
“Al respecto, en la exposición de motivos se menciona lo dispuesto por el artículo 80 del Código Penal sobre la prescripción de todos los delitos a los veinte años de su comisión. En consecuencia, los delitos cometidos durante el periodo del conflicto armado interno y el gobierno autoritario de Alberto Fujimori habrían prescrito según esta interpretación”, señalaron los abogados Estephany León Rodríguez y Luis Pebe Muñoz en un artículo de Idehpucp.
“Esto genera preocupación, ya que podría interpretarse como un intento de prolongar la impunidad. Esencialmente, al declarar la prescripción de los delitos, se estaría limitando la capacidad del sistema judicial para procesar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, lo cual tendría un impacto significativo en la rendición de cuentas por crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado”, agregaron.
Para este jueves 11 de abril, se tiene agendado que este proyecto de ley sea debatido y votado en el Congreso. Mientras tanto, familiares de las víctimas preparan medidas preventivas ante instancias internacionales para defender el derecho a la justicia.
[Foto de portada: Congreso de la República]
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