Este lunes, el Pleno del Congreso de la República enfrentó un doble revés en sus intentos por inhabilitar a altos funcionarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Primero, Antonio de la Haza, presidente de la JNJ, se mantuvo en su puesto tras no alcanzar los 67 votos necesarios para su inhabilitación, con un conteo final de 42 votos a favor, 36 en contra y 10 abstenciones.
La propuesta de sanción fue posteriormente archivada, según indicó Alejandro Soto, presidente del Congreso, después de una reconsideración presentada por el legislador Jorge Montoya de Renovación Popular.
De igual manera, el Pleno también rechazó la inhabilitación de Imelda Tumialán, miembro de la JNJ, con solo 30 votos a favor de la medida. Contra la propuesta votaron 38 congresistas, mientras que 29 se abstuvieron, llevando también esta iniciativa al archivo.
Este resultado surgió después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendara la destitución e inhabilitación de Tumialán del ejercicio de la función pública por un periodo de diez años.
Estas decisiones reflejan división dentro del sector del Congreso que, según analistas políticos, buscaban inhabilitar a miembros de la JNJ, para influenciar en el sistema de justicia y el sistema electoral, donde tienen intereses por líderes políticos investigados y que participan en elecciones.
A quienes sí logró inhabilitar el Congreso, aunque con denuncias de inconstitucionalidad, fue a los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello. En el caso de esta última magistrada, el congresista José Luna, integrante de la Comisión Permanente, participó en la votación en el Pleno, lo que viciaría la votación, ya que la participación de la Comisión Permanente en la inhabilitación de funcionarios públicos está prohibida por el Reglamento del Congreso y la Constitución.
[Foto de portada: Congreso de la República]
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