La Fiscalía de la Nación, liderada por Patricia Benavides, ha iniciado una investigación preliminar contra los jueces del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima.
Esta acción responde a la denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos, quien acusó a los magistrados de interferir en las funciones del Congreso al otorgar una medida cautelar que paralizaba el proceso de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La denuncia de la congresista Chirinos, del partido Avanza País, alega que los jueces habrían cometido el delito de prevaricato al emitir una resolución que, según su perspectiva, invade competencias del Legislativo. La Fiscalía ha citado a los jueces implicados para que presten su declaración sobre los hechos.
El accionar de la congresista Chirinos fue la respuesta a la medida cautelar emitida por el Poder Judicial, a través del mencionado juzgado, para suspender la sesión del Congreso, que estaba programada para a noche de hoy 8 de noviembre, en la cual se votaría la destitución de los miembros de la JNJ.
La medida cautelar fue otorgada tras una solicitud de amparo presentada por los miembros de la JNJ, quienes argumentaron que el proceso iniciado por el Congreso vulneraba sus derechos constitucionales.
En declaraciones previas a LaMulaTV, Walter Albán, exdefensor del Pueblo, había advertido que acciones como la destitución de miembros de la JNJ por parte del Congreso podrían constituir un grave atentado contra el sistema de justicia y la democracia en Perú.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su alarma ante los procedimientos del Congreso peruano que buscan la remoción de los miembros de la JNJ, señalando que tales acciones podrían amenazar los pilares del sistema democrático.
Expertos legales y políticos, incluyendo al expresidente Martín Vizcarra, han manifestado su inquietud por el deterioro político y la ruptura del equilibrio de poderes que estas acciones representan.
La comunidad internacional, incluyendo organizaciones como Human Rights Watch, ha llamado la atención sobre la importancia de respetar la independencia judicial y ha instado al Congreso a actuar dentro del marco constitucional y democrático.
La situación actual plantea serias preguntas sobre el futuro de la institucionalidad en Perú y el respeto a los principios democráticos que deben regir el actuar de los poderes del Estado.
[Foto de portada: Andina]
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