Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha denunciado una intensa campaña de hostigamiento y difamación en su contra y contra la institución que preside, originada en redes sociales. Según Salas Arenas, desde mayo de 2021, se han identificado más de 3,000 publicaciones con discursos de odio, amenazas y estigmatizaciones.
Salas Arenas mencionó a los congresistas Jorge Montoya (Renovación Popular) y Rosselli Amuruz (Avanza País) como parte de los implicados en estos ataques. Además, destacó que más de 40 congresistas han presentado proyectos de ley que podrían afectar la operatividad del JNE, lo que considera un ataque directo a los intereses democráticos del país.
El presidente del JNE criticó también la actitud de los parlamentarios que promueven acusaciones constitucionales en su contra, argumentando que adelantan opiniones y vulneran el debido proceso.
Salas Arenas abordó también el tema de su seguridad personal, indicando que actualmente cuenta con 18 agentes de resguardo, un número incrementado tras recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) debido a los ataques registrados.
Estas declaraciones se alinean con las preocupaciones expresadas por figuras como Walter Albán y el expresidente Martín Vizcarra, quienes han cuestionado las recientes acciones del Congreso y su impacto en la democracia peruana.
El Congreso viene intentando intervenir en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a través de la destitución de todos sus miembros por supuesta "causa grave". La JNJ, encargada de nombrar, ratificar o remover jueces y fiscales, así como de participar en la selección y remoción de miembros de órganos electorales, juega un papel fundamental en la integridad de la justicia y los procesos electorales.
Anteriormente, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, advirtió que cualquier alteración en la composición o independencia de la JNJ podría tener consecuencias directas en la transparencia y libertad de las elecciones futuras. La preocupación es que el control del Congreso sobre la JNJ podría abrir la puerta a un posible fraude electoral en las elecciones de 2026 y más allá.
[Foto de portada: Andina]
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