Diana Caya Mallma, educadora de profesión, encontró en el cannabis un alivio para sus síntomas de ansiedad social, depresión, dolores crónicos y agudos derivados de cólicos menstruales, mioma intramural y quistes. Su consumo terapéutico consistía en flores de delta-9-THC inhaladas. Sin embargo, la decisión de cultivar para su propio consumo la enfrentó a un sistema legal que no distingue entre tráfico y autocultivo (cultivo hortícola).
La detención: un operativo plagado de irregularidades
Fue en enero de 2022 cuando la Policía intervino su vivienda en Urubamba, Cusco. "Me había salido una oportunidad laboral en Oxapampa, había terminado con quien era mi pareja, empecé a vender mis cosas antes de mudarme y me dejó sus plantas. Eran 2 plantas en balde, 2 completas y 2 cortadas, haciendo un total de 6 plantas", cuenta Diana.
Un vecino, que acudió a la venta de objetos de Diana, decidió llamar a la Policía, asumiendo erróneamente que tener plantas era un delito, sosteniendo que “no le parecía correcto que las plantas estuvieran ahí”. La intervención policial estuvo plagada de irregularidades, desde la presencia de agentes de civil sin identificación, quienes mintieron para ingresar al inmueble, hasta la falta de una orden de allanamiento.
El abogado de Diana, Pedro Vera Ortiz, señala que en comparación, en países como Colombia, donde se permite tener hasta 20 plantas por persona sin necesidad de ningún permiso, en Perú no existe “tolerancia cultural” al respecto, se asocia al delito (a pesar de que la ley no lo establece así).
La paradoja legal: entre el reconocimiento medicinal y la penalización
A pesar de que existen dos leyes (30681 y 31312) que reconocen al cannabis como medicina, el Código Penal peruano aún lo criminaliza. El artículo 296 del Código Penal sanciona las actividades de tráfico, no el autocultivo. "Mi abogado, ha defendido esto y lo ha explicado ante policías y fiscales, pero no entienden", relata Diana. Aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) señaló en 2021 que el autocultivo y el cultivo asociativo ya estaban habilitados y "depende cómo se regule en la vía administrativa", el Congreso aprobó una modificación al Código Penal en la Ley 31312, exponiendo a pacientes y cultivadores a denuncias penales.
Esta situación crea una paradoja legal, donde el cannabis es reconocido como medicina, pero su cultivo puede ser penalizado si no se cuenta con licencia en un sistema regulatorio que, los sectores excluidos de la regulación, consideran injusto e irreal.
[Opinión del Minjusdh enviada al Congreso y publicada en el Dictamen 51-2020-2021-CDNOIDALD-CR]
El proceso judicial: entre prejuicios y desconocimiento
Diana fue sentenciada en primera instancia a dos años de prisión suspendida y actualmente está en libertad, fue liberada el 26 de setiembre pasado. "La Fiscalía sigue afanada conmigo y ha apelado. Quieren que cumpla 10 años en cárcel", lamenta Diana. A pesar de que no hay pruebas de tráfico, la Fiscalía insiste en su acusación, basándose en prejuicios y desconocimiento. Además de la pena propuesta, el Ministerio del Interior (Mininter) ha solicitado a Diana el pago de 12,000 soles por concepto de reparación civil, sumando una carga financiera adicional a su situación.
Durante el juicio, una de las policías argumentó que seis plantas eran demasiadas. "Uno de los argumentos que usó una policía es que eran muchas plantas. En Colombia se permiten 20 por persona y no es delito. Para ella, seis plantas era mucho. Además, alegó que mi casa era un laboratorio clandestino porque encontraron una bolsa Ziploc en mi cocina, y no importó que estuviera en mi cajón de condimentos. El solo hecho de tener eso ya era indicio de tráfico", relata Diana.
El mercado de cannabis en Perú: Una sombra de informalidad
En la actualidad, el mercado peruano de cannabis medicinal se encuentra en gran medida en manos de vendedores no autorizados. A pesar de la existencia de la Ley 30681 desde el 2017, el Ministerio de Salud (Minsa) ha concedido únicamente una licencia de cultivo y producción a un solo laboratorio. Esta situación, que mantiene la exclusividad de las licencias a la industria farmacéutica, deja en una posición vulnerable a otros cultivadores y productores artesanales. Actualmente, estos enfrentan amenazas y extorsiones por parte de competidores, abusos de poder, corrupción policial y, en situaciones extremas, acusaciones penales por tráfico ilícito de drogas.
Las estadísticas oficiales revelan que únicamente el 30% de los pacientes registrados en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC) han realizado compras en farmacias autorizadas. El resto opta por adquirir productos de vendedores no regulados que no requieren receta médica ni registro en el RENPUC. Es alarmante que solo el 2% de los médicos haya prescrito cannabis y que apenas el 0.2% de los establecimientos posea una licencia para su venta. En este escenario, resulta desproporcionado y desigual que aquellos usuarios que optan por el autocultivo sean criminalizados, mientras que otros actores operan en la impunidad.
¿Hacia una despenalización? El llamado al cambio
Seis años después de la primera ley medicinal, es evidente que la legislación ha creado un espacio para la extorsión, criminalización y corrupción policial. La historia de Diana refleja la urgencia de revisar y actualizar las leyes. "Tuve la suerte de tener un abogado especialista como Pedro Vera. A otras mujeres en cárcel solo se les dijo que aceptaran su condena", declara Diana. Ante este panorama, surge la opción de la despenalización total del cannabis. Esta problemática es motivo de una petición en Change: "No más presos por cultivar cannabis medicinal en Perú".
Resiliencia tras las rejas: el arte como refugio y sanación
Durante su tiempo en prisión, Diana participó en actividades artísticas y descubrió el poder transformador del teatro. Esta disciplina se convirtió en su aliada para comprender, sanar y resignificar su historia personal. Actualmente, está escribiendo un libro sobre su experiencia en prisión, compartiendo su viaje teatral y cómo el arte le ayudó a sanar y encontrar paz interior.
Diana fue liberada el 26 de setiembre pasado. Consciente de la situación de criminalización a la que está expuesta, actualmente sigue un tratamiento en la Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar, acorde a la ley 31312, Ley de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo.
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