Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijera que se podría calificar como "una masacre" a la represión estatal contra las protestas sociales en Perú, algunos congresistas reaccionaron señalando que se trataba de "intervencionismo", que esto no se hacía con otros países e incluso pidieron el retiro de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

La vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), dijo que la CIDH "es sorda para países como los nuestros que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo, que no representamos a un Estado como el de Venezuela u otros países".

A pesar de que reconoció que no había leido el informe, el congresista José Cueto (Renovación Popular) opinó que la CIDH tenía un "sesgo" sobre las muertes.

Por su parte, el congresista Pedro Martínez (Acción Popular) dijo que la CIDH tenía una "apreciación ideologizada" de los hechos y calificó al informe como "tóxico". “Es una visión parcial y muy genérica de los hechos. No se ha dicho todo lo que en realidad ha sucedido”, dijo a Canal N.

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Sin embargo, estas declaraciones de los congresistas no se ajustan a la realidad. En referencia a la recomendación de la CIDH de crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ayude en las investigaciones sobre las presuntas graves violaciones a los derechos humanos en Perú, la asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Jo-Marie Burt, mencionó los tres casos en los que los gobiernos de los países implicados han aprobado la creación de un GIEI a pedido de la CIDH.

En La Mula TV, Burt señaló que el primer GIEI fue en México por el caso de la desaparición de los 42 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; el segundo grupo se conformó en Nicaragua por la represión estatal durante el gobierno autoritario de Daniel Ortega.

"Si un gobierno como el de Ortega pudo aceptar un GIEI, ¿por qué un gobierno como este no lo puede hacer?", se preguntó Burt en 'Al Filo'.

El tercer GIEI, mencionó, fue en Bolivia en el 2019 luego del conflicto tras la reelección de Evo Morales y la toma del poder de Jeanine Añez. "En esa transición hubo unas cuantas masacres de las fuerzas de seguridad contra la población aymara y hubo un GEI de la Comisión Interamericana, con el apoyo firmado del gobierno de Añez para ayudar a investigar esas masacres", recordó.

"Entonces, sí ha existido un GIEI en varios otros países y la verdad yo creo que sería una oportunidad perdida por parte del Estado y sociedad peruana no aprovechar ese ofrecimiento", señaló.

Con ello, las acusaciones de algunos congresistas contra la CIDH, de que esta Comisión no se pronuncia sobre los gobiernos de izquierda, quedan sin sustento.

"Es una falsedad completa. Y lo único que uno tiene que hacer para desbaratar esas mentiras es ir a la página web de la Comisión y mirar todos sus informes o sus notas de prensa sobre esos países, incluso sobre Venezuela, que salió de la competencia de la Comisión hace unos años. La Comisión sigue investigando la situación de derechos humanos en Venezuela y sigue publicando informes sobre Venezuela. Miremos los informes devastadores sobre Nicaragua, o sea Cuba no porque Cuba no está en el sistema de la OEA y no es parte de la Convención Americana. Cuba es un caso aparte, pero miremos Nicaragua y Venezuela solamente y ahí desbaratamos completamente esa tesis que es otra fake news, una noticia falsa", aclaró Burt.

A través de un pronunciamiento conjunto, organizaciones internacionales consideraron "indispensable la conformación de un GIEI-Peru" e instaron al gobierno de Dina Boluarte a tomarse con seriedad esta propuesta de la CIDH.


[Foto de portada: CEJIL]


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