Por: Santiago Jesús Manuin Mayán
Es importante recapitular que, nuestro Pueblo Awajún cuenta con una trayectoria histórica de lucha en la defensa de su autonomía y territorialidad hermanada con el Bosque. En ese proceso nos hemos enfrentado a diversas culturas como los Mochicas, Incas, Españoles, incluyendo a caucheros y/o colonos. En todas ellas hemos logrado salir victoriosos. Estas victorias han sido resultado de visión como pueblo, unidad de los sectores de río y estrategia. Así hemos logrado la supervivencia plena de nuestro pueblo, conservando la mayor parte de nuestra territorialidad ancestral y adaptando nuestro sistema de gobernanza territorial, administración de justicia y modo de vida, desde nuestra cultura (El Buen Vivir).
En la actualidad, desde fines de los años setenta, en la época republicana, el Estado nos ha impuesto un sistema territorial de vida ajeno a nuestra realidad y que limita fuertemente nuestra supervivencia como pueblo. Nos han orientado a la legalidad para otorgarnos fragmentos/pedazos de nuestras tierras ancestrales formando comunidades nativas a través del programa de titulación de tierras comunales. Accedimos a esa política y nuestra estrategia fue formar/titular comunidades nativas en todo el territorio, toda vez que pretendíamos garantizar de ese modo la seguridad jurídica de nuestro territorio ancestral. Estrategia de nuestros sabios muum de clanes y dirigentes de los sectores de río, aplicada especialmente durante los años 80 y 90; basada en la evaluación de nuestra posición de debilidad (desconocimiento, dispersión, confusión, división) ante el peligro de la expansión de nuevos sectores de colonos en nuestro territorio y la posición de fuerza del Estado peruano.
En ese período, la estrategia que se aplicó con la decidida participación de las organizaciones de los pueblos Awajún y Wampís, como representación de nuestros pueblos organizados en comunidades nativas. Por eso, en 1977 se crea el Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH), máxima organización de los pueblos Awajún y Wampis. Ese mismo año surge OCCAAM con la misión de promover la producción agropecuaria y buscar la comercialización. Efectivamente, iniciamos promoviendo la unidad para “Defender el territorio”. No obstante, entre los años 1988 y 1989 surgen dos organizaciones: FAD (Domingusa - Nieva) y FECONARIN (Rio Nieva); en 1994 se crea ODECOFROC y FECOHRSA en el año 1995.
Cabe resaltar que, la masiva proliferación de las organizaciones en el territorio indígena ha sido incentivada con la política de promoción de la inversión minera (El Cenepa desde 1993) y petrolera (Nieva-Río Santiago, desde el 2006 con el Lote 116) en el territorio ancestral, primero de la empresa Hocol y con la empresa petrolera Maurel Et Prom, después del Baguazo. El propósito de un grupo de organizaciones ha sido captar más fondos de esta empresa para su propio beneficio y a espaldas de sus comunidades, lo cual generó y sigue generando conflicto de intereses y la división del pueblo awajún. En específico, nuevas organizaciones permitían el ingreso de la empresa petrolera a pesar de la irregularidad de no aplicación del derecho de la consulta previa por parte de Estado (obligado a cumplir desde febrero de 1995). Mientras otras organizaciones se oponían porque la actividad petrolera representaba una amenaza territorial, social y cultural para los Pueblos Awajún y Wampís, y para el Bosque. Es decir, no había garantía absoluta de que las aguas, los bosques, el aire, las vidas humanas y no humanas iban a seguir conservándose y sustentando la vida saludable en el territorio. Esa tecnología ya había producido daños permanentes al pueblo y territorio de pueblos indígenas de la región de Loreto. Además, porque el Estudio de Impacto Ambiental- EIA no consideraba todo el territorio que sería impactado, ni todas las consecuencias negativas, tampoco habían incluido el impacto de los espacios sagrados del pueblo Awajun.
Entonces, las ONGs no son los promotores autores de la creación de diversas organizaciones, sino el mismo indígena Awajún-Wampis con interés particular por encima del beneficio de la población, por lo que sufrimos el divisionismo. Además, los actuales dirigentes que se denominan “Líderes” no conocen a fondo el proceso histórico que ha pasado nuestro pueblo, porque no es de su interés, tampoco tienen compromiso con la población. Por ello, informan mal, generando confusiones, rivalidad, amenazas, entre otros. De ese modo, hay desarticulación entre la población y organizaciones que debilita la postura política social del pueblo Awajún.
Respondiendo al pronunciamiento engañoso de las rondas
Dicho esto, paso a responder algunos puntos del pronunciamiento de las rondas.
1. El proceso de la construcción del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) es una iniciativa histórica con la noción de recuperar y actualizar un sistema de gobernanza propio que surge entre los años 1990, pero que requiere ser potenciado a nivel del conjunto del territorio ancestral basado en las tierras tituladas y las cuencas, nuestra valiosa cultura en el cuidado del Bosque Amazónico, así como en los modernos derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluido su derecho de autogobierno en el marco del Estado unitario peruano. Proceso de construcción de nuestro GTTA que pasa por fortalecer la visión, el poder y la estrategia como Pueblo, el buen vivir con el Bosque y con el Estado. En el transcurso de los años los grandes líderes y lideresas Awajún, entre las cuales, algunos ya no están con nosotros, pero en vida nos han ido socializando y consolidando esta propuesta de proclamarnos y hacer autogobierno en todo el territorio.
Este proceso para el Pueblo Awajún se inició años antes del Baguazo. Implicó trabajar con los estudios históricos y/o antropológicos para determinar el tiempo de existencia milenaria de nuestros pueblos; estudio geográfico que busca determinar los territorios ancestrales del pueblo Awajún; estudios jurídicos que busca la argumentación legal para determinar que nuestra propuesta y derechos no están fuera del orden jurídico nacional e internacional. Es decir, este sistema de gobierno no es una iniciativa improvisada con argumentos superficiales. Ciertamente el GTAA no tiene una personería jurídica pública (de derecho público) como gobierno indígena dentro del marco administrativo político del Estado peruano unitario (como lo tienen las municipalidades por ejemplo), no es un gobierno que pretende separase del Estado, al contrario, busca formar parte de la estructura estatal y fortalecer en la implementación de las políticas culturales, territoriales e interculturales en un país como el nuestro, donde sólo somos protagonistas en los discursos del gobierno, sin protagonismo en el diseño, priorización e implementación de políticas de los pueblos indígenas. El GTTA podría tener personalidad jurídica como asociación civil privada (tipo gremio, tipo coordinadora, tipo ONG); pero su propuesta es personalidad jurídica pública para todos los pueblos indígenas amazónicos.
Además, el GTAA no ha sido constituido por un grupo de personas, sino de organizaciones regionales del pueblo Awajun como ORPIAN-P, CORPI-SL, ORASI, ORFAC, FECAS, ODECOFROC, FIACSA, ODECOAC, ODECAM, ODECA, CAH, FAD, FISH, CIAP, FEDECIFRAD, OCCAAM, CHAPI SHIWAG, ORPASY ORPISEM, OASA, FECIDIB, FERIIAM, FEMAAM, ODECINAC, FECONARIN y las comunidades de los 4 departamentos que abarca el pueblo Awajún. Por eso, el GTAA goza de legitimidad de su pueblo y este principio de derecho le ampara el convenio 169 de la OIT y los demás tratados de derechos humanos de los que el Perú es parte. Asimismo, es importante recordar que la elección del PAMUK ha sido con la participación de todas las organizaciones y jefes de 4 departamento que firman el acta de constitución del GTAA.
Por otro lado, el GTAA no está promoviendo otro Baguazo, SINO previene conflictos de esta naturaleza. Así que el gobierno Awajún está preocupado en organizar al pueblo Awajún para administrar de manera razonable las bondades de la naturaleza, aplicar eficientemente y con criterio la justicia en el territorio Awajún. De esta forma evitar las usurpaciones de funciones de otras jurisdicciones especiales, que pongan en riesgo los fundamentales derechos de la persona, fortalece la defensa del territorio ante los invasores (el mismo estado peruano es parte de este problema). Aparte, promueve la convivencia armónica entre otros pueblos indígenas, y los hispano hablantes que ya son parte de nosotros porque con ellos compartimos nuestro territorio. Estas políticas son prioritarias del GTAA, por lo que la tesis de llevar a nuestros hermanos a otro Baguazo como señalan algunos dirigentes que confunden a la población son falsas, engañosas, peligrosas y divisionistas.
2. Es importante recuperar la memoria y entender bien sobre la “Nación Awajún y Wampis” (NAW). Después del Baguazo del 2009, mientras nuestro pueblo estaba en luto por la pérdida de 5 hermanos Awajún y Wampis, con cientos de heridos, líderes perseguidos y encarcelados, algunos dirigentes encabezado por Octavio Shakaime fueron a Lima y pidieron perdón a nombre del pueblo Awajún al Gobierno Genocida de Alan García, asesorados por César Sarasara también crearon la “Coordinadora Awajún” con la finalidad de filtrar diálogo directo entre el gobierno y el pueblo Awajún. A cambio pidieron cupos para jóvenes Awajún para el ingreso a la escuela de la Policía Nacional del Perú que terminó en negociación de cupos para facilitar el acceso a los jóvenes Awajun a la escuela. Además, Octavio y otros dirigentes pidieron donaciones como motores HP, apoyos a través de proyectos y otros que no sabemos dónde quedaron o cómo terminaron. Actualmente no sabemos en qué quedó la “Coordinadora Awajún”
Después de la fallida creación de la “Coordinadora Awajún”, constituyeron la llamada “nación Awajún y Wampis”, con personería jurídica de derecho privado. Así, en los días 26, 27 y 28 de agosto del 2014, en las instalaciones de la primaria N°16296 – Nieva, con presencia de los representantes de diferentes ministerios del estado peruano y el Embajador del Plan Binacional, Vicente Rojas, se reunieron los presidentes de las organizaciones de la provincia de Condorcanqui para “unificar” al pueblo Awajún, que ya se encontraba fragmentada social y políticamente a raíz del ingreso de la empresa petrolera Maurel Et Prom. El objetivo de fondo de la reunión promovida igual por Shakaime y Francisco Quiaco (QEPD) era conformar una sola nación que aglutine a las organizaciones de bases para facilitar con contundencia el ingreso y/o la continuidad de la empresa petrolera en el territorio ubicado en la comunidad nativa de Kashap, parte del lote 116. La reunión fue polémica, porque la Comisión Especial del Pueblo Awajun y Wampis se oponía a la empresa, ya que no eran transparentes, es decir, no habían realizado la consulta previa, ni los estudios de impacto ambiental (EIA) no se habían subsanado. Dicha Comisión estaba presidida por Santiago Manuin Valera, mi padre, e integraban los líderes de trayectoria social y política como Andrés Nuningo, Juan Nuningo, Julio Quiaco, Antuash Chigkim entre otros.
Los dirigentes de las organizaciones cayeron en el afán de crear un gobierno territorial autónomo como GTAA. En esa asamblea del agosto de 2014 aprobaron constituir la NAW, pero más adelante se dieron cuenta que, en el Perú aún no existe una partida registral con la denominación nación o pueblo, sino como comunidades nativas y campesinas. Ante el cual, para no perder la denominación de nación añadieron el término “Asociación Civil Nación Awajún y Wampis”; con esta denominación logran inscribirse a los registros públicos. En consecuencia, NAW es una organización de personas awajún, algunas con cargos de federación en ese entonces, pero nada más.
Ahora, si nos ponemos a analizar el problema de fondo de esta organización la situación es muy preocupante. Se dice que NAW es creada por las organizaciones y comunidades Awajún de Amazonas. Sin embargo, sabemos que las organizaciones habían solicitado la desafiliación de NAW y ratificaron su afiliación a ORPIAN-P como organización regional. Estas organizaciones son: FISH, FIACSA, ODECOFROC, CIAP, ODECAM, FECAS, CAH, ODECINAC, ARASI, ORFAC y ODEPAC. Otras organizaciones como FAD, FECONARIN y OCCAAM están afiliadas a CONAP, y las comunidades de cada sector de río tienen su propia organización en el que están afiliadas; estás organizaciones de sectores forman parte de ORPIAN-P a nivel regional y a nivel nacional están representadas por el AIDESEP.
Actualmente el pueblo Wampis ya se ha consolidado con la constitución del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), mientras que la organización de FECOHRSA pasó a ser gobierno de cuenca y están trabajando para la consolidación de su gobierno. Por ello cabe preguntarnos ¿a qué pueblo Wampis representaría la denominada NAW? Si todas las organizaciones de diversas comunidades están afiliadas a una organización indígena local, regional y nacional y se identifican, además de reconocerlos a ¿qué comunidades y organizaciones representaría? Desde mi punto de vista esta fallida organización estaría por demás, por no decir que sobra.
Para concluir esta parte, la NAW está inscrita en los registros públicos, pero ¿realmente es una nación? O simplemente es su nombre de filiación, ¿tiene legitimidad?, porque en la práctica no la tiene. Por lo tanto, no son los máximos representantes del pueblo Awajún, tampoco se puede comparar con el GTAA que tiene otro nivel de representatividad, es legítima y no está inscrita en los registros públicos porque es un gobierno Awajún autoproclamado y con derecho de autogobierno y libre determinación amparado en el Convenio 169-OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas -DNUDPI, como también así lo afirma el mismísimo Tribunal Constitucional con respecto a los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio y autogobierno (Exp. N° 01126-2011-HC/TC, fundamento 22, 23). El GTAA es una persona Jurídica porque es producto de un acto constitutivo. Tiene su propia estructura orgánica, territorial, poblacional y cuenta con su propio estatuto, de manera que, será reconocida como Gobierno Indígena, con personería jurídica de derecho público, con la incorporación de esta categoría en los artículos de la Constitución Política del Perú (CPP) y no en una Ley. En este sentido, el Estado no le puede obstaculizar ni parar las gestiones porque todos los actos del GTAA son legales.
3. En los últimos meses de este año 2023 se han registrado diversos pronunciamientos escritos y verbales en contra del GTAA, con informaciones falsas y calumnias sobre la institucionalidad del gobierno Awajun y en contra del mismo representante máximo del pueblo Awajun Pamuk Gil Inoach Shawit. Justo cuando se ha rechazado algunas iniciativas de creación de reservas comunales en el sector Alto Nieva, una iniciativa promovida por FECONARIN con asesoría de Cesar Sarasara y otros dirigentes con trayectorias poco trasparentes. En este sentido, las campañas difamatorias al GTAA surgen por estos mismos dirigentes que acompañaron la creación de la NAW, ahora utilizando a las rondas campesinas, haciéndoles confundir en sus funciones jurisdiccionales que le corresponde,
4. Actualmente los pueblos indígenas no podemos seguir luchando en la modificatoria de una ley como la de las comunidades campesinas y nativas, porque sabemos que esta ley no garantiza la seguridad jurídica territorial. Además, es de conocimiento público que el artículo 89 de la CPP es muy ambiguo en relación con la autonomía comunal y territorial. En otros términos, con este artículo el Estado deja a su suerte a las comunidades para que sobrevivan a su manera, propensas a la pérdida de sus tierras, porque deja la abierta para las negociaciones de tierras en comunidades nativas y campesinas, sin garantizar el bienestar ni el derecho de la población. En efecto, tenemos extracción indiscriminada de madera, tráfico de tierras, acaparamiento de tierras por terceros, negociación incompatible de tierras comunales, vulnerando el derecho colectivo. Esto ocurre porque la Constitución de 1993 ha establecido que la propiedad de la tierra comunal es imprescriptible (no pierde vigencia) y nos ha quitado el derecho a la inalienabilidad (no se puede vender) y el derecho a la inembargabilidad (no se puede hipotecar, embargar) que contemplaba la Constitución de 1979, con lo cual ha debilitado nuestros derechos para favorecer los supuestos abandonos de tierras comunales y el tratado libre comercio (TLC).
El artículo 149 de la CPP reconoce el derecho de hacer justicia comunal y pueden contar con ayuda de rondas campesinas. En práctica las rondas han quitado esa autonomía jurisdiccional de la comunidad. En vez de actuar como órganos de apoyo las rondas asumen su papel jurisdiccional y eso es inconstitucional. Por eso, actualmente tenemos muchos problemas de usurpación de funciones de la jerarquía comunal y vulneración de los derechos fundamentales, pretendiendo administrar la justicia con eficiencia.
Los dos artículos mencionados son un ejemplo para cuestionar los vacíos constitucionales. En relación a los pueblos indígenas en la Constitución de 93 tampoco existe la denominación de “Pueblo” cuando se trata de los originarios, solo nos dicen que somos comunidades nativas. Por estas razones, desde mi punto de visto es necesario presentar una propuesta del proyecto de Ley para una reforma constitucional, donde podamos modificar y agregar los artículos que tienen que ver con los pueblos indígenas. Incorporar los derechos colectivos que se contemplan en el convenio 169 de la OIT.
Las rondas deben conocer cabalmente sus funciones dentro de una comunidad campesina y nativa, como señala el artículo 2° de la Ley de las Rondas Campesinas: “En los lugares donde existan Comunidades Campesinas y Nativas, las Rondas Campesinas o Rondas Comunales, se forman y sostienen a iniciativa exclusiva de la propia Comunidad y se sujetan al Estatuto y a lo que acuerden los Órganos de Gobierno de la Comunidad a los que la Ronda Campesina está subordinada.” En este sentido, las rondas en las comunidades nativas se crean si así lo decide la Asamblea Comunal y se sujetan a los acuerdos de dicha Asamblea, no son órganos independientes de la Comunidad Nativa, son órganos dependientes. No deben difamar a los órganos que representan a las comunidades nativas. Acotar que, las comunidades si así consideran pueden disolver las rondas dentro de su jurisdicción, porque tienen todo el derecho legal y legítimo de hacerlo.
Finalmente, este pequeño artículo es para invocar a los hermanos Awajún y Wampis a que no podemos estar en medio de las discrepancias sociales y políticas. Es fundamental la unidad para apoyarnos y sacar adelante a nuestro pueblo Awajún y Wampis, empezando desde las autoridades locales, funcionarios y dirigentes; con todos ellos debemos empujar el barco para llegar al buen vivir visionado que los hispanohablantes denominan desarrollo sostenible.
[Foto de portada: Andina]
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