Esta tarde, el ministro de Educación, Óscar Becerra, llegó a Palacio de Gobierno tras la citación que le hizo llegar el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por sus declaraciones sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las denuncias por presuntas irregularidades en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El último viernes 14 de abril, en un evento organizado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo (ILAD Media), el ministro de Educación se mostró a favor de la pena de muerte y calificó como "adefesio" a la CIDH.

“Traigamos la pena de muerte y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humano, con el perdón de los adefesios”, dijo Becerra en el evento llamado "Educación, el verdadero empoderamiento de los padres de familia".

Ante ello, el jefe del Gabinete Ministerial aclaró que esta no es la posición del Gobierno peruano.

“El Gobierno respeta los convenios internacionales como el Pacto de San José, ratificado en 1979 por el Perú, y actuará en consecuencia con ese convenio”, dijo Otárola este martes.

Por otro lado, el titular del Minedu es cuestionado tras la denuncia periodística de Punto Final (Latina) que reveló que el jefe de la Sunedu, Manuel Castillo, hizo posible que en 23 días Santos Montaño, amigo y excliente suyo, llegara al rectorado de la Universidad Nacional de Piura (UNP). Becerra propuso a Castillo como jefe de la Sunedu, cargo que ocupa desde febrero de este año. 

Ante este caso, la Procuraduría General del Estado pidió al Ministerio Público que inicie las diligencias preliminares contra ambos funcionarios por el presunto delito de corrupción.

Como denunció anteriormente en La Mula TV, el director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES), Jorge Mori, estamos ante una situación inédita en la que el Consejo Directivo de la Sunedu está sesionando en el local del Minedu. Esto podría ser calificado como injerencia política y un hecho que afecta a la autonomía de la Sunedu.


[Foto de portada: Andina]


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