La Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas no deben resolver el conflicto político relacionado a las protestas sociales que piden adelanto de elecciones generales, señaló, este miércoles, la Defensoría del Pueblo.
A través de un comunicado, la Defensoría precisó que "no le corresponde a la PNP ni a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) resolver este conflicto".
"Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida de amplio consenso que le devuelva la tranquilidad y la paz al país", señaló.
Como se recuerda, el paro nacional convocado para este miércoles 4 de enero es en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y los manifestantes piden adelanto de elecciones generales para este 2023.
A propósito de esta convocatoria, la Defensoría del Pueblo resaltó que "la protesta social es un derecho fundamental que le permite a las personas expresarse libremente en los espacios públicos, con la finalidad de comunicar su desacuerdo, insatisfacción o molestia con alguna decisión o un estado de cosas considerado perjudicial a sus intereses, o contrario a sus ideas o creencias".
"En un sistema democrático la protesta contribuye a revelar la existencia de problemas no resueltos y a crear oportunidades de cambio. La condición indispensable para que esta sea legítima es que se haga mediante medios pacíficos", precisó.
En ese sentido, recordó que, lamentablemente, al menos 22 personas han perdido la vida en el contexto de las protestas que se iniciaron en diciembre pasado tras la caída del expresidente Pedro Castillo y su fallido intento de golpe de Estado.
"Ninguna investigación por más prolija y justa que sea le devolverá la vida a nadie. Se requiere, por tanto, que la ciudadanía sea consciente de los límites del derecho a la protesta, como también lo deben ser las fuerzas del orden sobre el uso legal, necesario y proporcional de la fuerza", señaló la institución.
Frente a los hechos de violencia, la Defensoría resaltó que las investigaciones deberán arrojar resultados dentro de los plazos de ley e invocó a los manifestantes a aislar y denunciar a los sujetos violentos.
Además, señaló que la PNP "debe ser exigente en el cumplimiento de la ley y de sus manuales sobre restablecimiento del orden público, y asumir esta tarea de manera exclusiva".
La Defensoría del Pueblol aclaró que si bien hay estado de emergencia a nivel nacional restringiéndose los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales; en ningún caso estas restricciones suponen una desprotección de las personas frente a los actos arbitrarios y abusivos.
(Foto de portada: Andina)
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