Este martes, durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Pedro Castillo resaltó que Perú suscribió el Acuerdo de Escazú sobre acceso a información, participación y justicia en materia ambiental.
"Las Naciones Unidas han ratificado su apoyo a los defensores medioambientales, a la protección de sus derechos, de su vida y al acceso a la información medioambiental por parte de los ciudadanos y los pueblos indígenas", dijo el mandatario peruano.
"El Acuerdo de Escazú, que el Perú ha suscrito, refleja la conciencia de los pueblos de América Latina para aplicar la histórica decisión de la Asamblea General, que ha reconocido los derechos ambientales como derechos humanos", señaló.
"Escazú es un instrumento para afirmar nuestra soberanía sobre los recursos naturales en la Amazonía", agregó Castillo.
Sin embargo, el presidente omitió señalar que el Congreso de la República no ha ratificado el importante Acuerdo de Escazú.
Recordemos que en julio pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió por mayoría archivar la Resolución Legislativa N.° 239, que aprobaba el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Para el Congreso, la ratificación del Acuerdo de Escazú es "innecesaria". Con ello, el Parlamento ignora situaciones como la de los pueblos Quechua y Kichwa (Loreto), Kana y Chumpi Willkas (Cusco) y la organización indígena Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD).
La semana pasada, representantes de estas organizaciones indígenas entregaron a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) un informe acerca del funcionamiento de la política pública dirigida a protegerlos.
El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas, recibió a los defensores y defensoras, quienes le informaron sobre la situación de desprotección en la que se encuentran.
Los defensores y defensoras indígenas señalaron la criminalización y amedrentamiento que sufren por parte de las empresas extractivas, que operan bajo concesiones estatales y que son apoyadas por el Estado peruano cuando se enfrentan a los reclamos de las organizaciones sociales que defienden sus territorios de la contaminación.
[Foto de portada: Presidencia Perú / Flickr]
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