El juez Romualdo Aguedo declaró fundado el pedido de impedimento de salida, solicitado por la Fiscalía, contra Jaime Fernández-Cuesta, director ejecutivo de Repsol en Perú, como empresa operadora de la refinería, están imputados como cómplices el jefe del Terminal Marítimo 2 de la refinería La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, y los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz.

De esta manera, el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla, Romualdo Aguedo, dictó la medida que se prolongará por 18 meses contra los representantes de la empresa Repsol, sindicados inicialmente como los responsables del derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla el pasado 15 de enero que afectó al litoral peruano.

Durante la audiencia, los cuatro directivos de la refinería de La Pampilla de Repsol imputados por el presunto delito de contaminación ambiental por derrame de petróleo, encabezados por el gerente general Jaime Fernández-Cuesta, se allanaron al pedido de impedimento de salida del Perú.

En su intervención, el abogado de Fernández-Cuesta aseguró que no se va a oponer al requerimiento, aunque precisó que su defendido "en todo momento ha colaborado, y ha permitido que la fiscalía ingrese a las instalaciones de La Pampilla" para las pesquisas iniciadas. 

Por su parte, la defensa de los otros directivos aceptó la medida propuesta por la fiscalía y manifestaron no tenían la intención de salir del país para colaborar con las investigaciones. 

Para la fiscalía, la medida era indispensable para la indagación y "asegurar el esclarecimiento de los hechos". En ese sentido, indicó que "existe un peligro latente de que los imputados puedan tratar de rehuir a los hechos que se están investigando" y que se está considerando que existe una responsabilidad.

El Ministerio Público afirmó en la audiencia que los hechos tipificados como contaminación del ambiente son pasibles de responsabilidad penal, con penas no menor de cuatro años ni mayor a seis años de prisión.

(Foto: el Confidencial)

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