Seis resoluciones de distintas fiscalías provinciales confirmó que no existió fraude electoral, luego de investigar las denuncias sobre presuntas irregularidades en las mesas de votación que presentó Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral de las elecciones generales 2021.

La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones estimó que no hay “elementos de convicción para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por la presunta comisión de delito contra la fe pública”.

Asimismo se destaca que, tras revisar las pruebas entregadas por Keiko Fujimori y sus aliados políticos, se demostró que las firmas de las actas electorales sí correspondían a los miembros de cada mesa que recibió los votos durante la contienda electoral entre Keiko Fujimori y el hoy presidente a la República, Pedro Castillo.

Con esta decisión se caen los procesos adelantados por la lideresa fujimorista con los que buscaba darle la vuelta al resultado de las elecciones presidenciales en las que quedó en segundo lugar con el 49,8% de los votos frente a Pedro Castillo, quien ganó con el 50,1% de los votos.

Los resultados de la pesquisa fiscal son concluyentes respecto a seis casos incluidos en las carpetas fiscales 106-2021 de la ; 256-2021 de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huari (Áncash); 1031-2021 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba (San Martín); 173-2021 y 178-2021 de la Fiscalía Provincial Mixta Tacabamba (Cajamarca); y 1457-2021 de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Mariano Melgar (Arequipa). Quedan 17 casos que están en investigación preliminar.

En las resoluciones se dice que no hay elementos de convicción para formalizar ni seguir con la investigación preparatoria por la presunta comisión de delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos durante la segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021.

Tan pronto culminaron los comicios, Keiko Fujimori afirmó en conferencia de prensa que hubo fraude en mesa, aún cuando los observadores habían señalado que el proceso cumplió estándares nacionales e internacionales. La candidata presidencial del fujimorismo alegó que había “una clara intención de boicotear la voluntad popular”.

Luego pasaron a presentar denuncias ante los jurados electorales especiales en distintas partes del país, las mismas que llegaron hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se confirmó lo dispuesto en primera instancia. Es decir, las denuncias por falsificación de firmas y suplantación de miembros de mesa no tenían medio probatorio. Finalmente, el máximo ente electoral derivó los casos al Ministerio Público.

Reacciones

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, saludó la decisión del Ministerio Público de archivar la denuncia por supuestas firmas falsificadas durante la segunda vuelta electoral formulada por Fuerza Popular. En ese sentido, consideró que los legisladores que han defendido la existencia de un presunto “fraude” en los comicios deberían ser investigados en la Comisión de Ética.

“Yo saludo que por fin haya terminado esta investigación a nivel del Ministerio Público sobre este pretendida denuncia de aducir que había fraude electoral, que ha generado una gran inestabilidad en el país, no había un mínimo elemento que por lo menos indicara que el fraude se había producido”, afirmó en diálogo con el medio digital “TV Mundo Cusco” este domingo 16 de enero.

“[¿Considera que debería haber alguna sanción contra los denunciantes?] Tal vez debiéramos trabajar algún mecanismo para sancionar a quienes generan este tipo de situaciones que nos llevan a una serie de efectos muy perniciosos para el país, hemos tenido una inestabilidad política muy seria gracias a este tipo de situaciones, se ha tenido un impacto sobre la economía, porque nadie quiere venir a un país donde hay tanta inestabilidad”, agregó.

“Yo creo que sí [deberían pedir perdón estas personas], hay mucha gente que incluso está vinculada al Congreso, eso podría ser motivo de una investigación en Comisión de Ética, ojalá hubiera investigaciones de esta naturaleza, pero bueno, miremos si algo se puede hacer desde ahí”,precisó.

Conocida la resolución fiscal, el ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua, afirmó el sábado pasado que la legitimidad y legalidad del gobierno del presidente Pedro Castillo se fortalece tras la investigación del Ministerio Público que ratificó que no hubo fraude electoral.

“Legitimidad y legalidad del gobierno del presidente Castillo se fortalece tras la investigación del Ministerio Público que ratifica que no existió fraude electoral, como oportunamente lo manifestaron la OEA, la Unión Europea y la comunidad internacional en general.”, señala la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería.

Desde el Congreso, el legislador Wilmar Elera, vocero alterno de Somos Perú, señaló que se debería desactivar la comisión investigadora instalada el pasado 12 de agosto encargada de averiguar si se atentó “contra el orden electoral y la voluntad popular” durante las Elecciones Generales del 2021, presidida por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).

Elera indicó que si la Fiscalía decidió archivar las denuncias de falsificación de firmas, no tendría sentido que el Parlamento continúe con la investigación. En ese sentido, recomendó a sus colegas que integran la comisión que “sean muchos más inteligentes y que su tiempo lo dediquen otras gestiones”.

“He manifestado que hubo irregularidades, como en todo proceso electoral, pero lo que nunca ha habido es fraude. Tampoco, firmas falsas. Lo que pasa es que había que agarrarse de algo para tratar de anular una elección, la cual se había ganado de forma legal. En ese sentido, el Ministerio Público lo que ha hecho es archivar este caso”, comentó a La República.

Asimismo, adelantó que coordinará con el presidente de la comisión especial para que “le dé prioridad a temas donde se vea el desarrollo del país en vez de investigaciones que no llegarán a ningún derrotero”.

En esa misma línea, el congresista José Balcázar, de Perú Libre, manifestó que la comisión investigadora tendría que desintegrarse. Añadió que con el archivamiento de las denuncias, desde el punto de vista jurídico, existiría una sustracción de la “materia principal”. “Yo creo que se puede aplicar la sustracción de la materia, porque la Fiscalía ha dicho que no hay delito. Entonces, qué van a investigar. Entonces, resulta inoficiosa la actividad de esa comisión del Congreso. Esta debería desintegrarse”, sostuvo.

(Foto: Andina)

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