El fiscal José Domingo Pérez pidió a la Fiscalía de la Nación que se le conceda la protección ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que el magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón afirmara que el miembro del Equipo Especial Lava Jato tenía responsabilidad por el suicidio del expresidente Alan García en 2019. 

En un oficio dirigido al fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Pérez pidió que por su intermedio “se adopte las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de su función, así como la protección de su familia”.

“Respetuosamente se pone en su conocimiento para que la entidad —Fiscalía de la Nación— adopte las medidas necesarias para garantizar mi ejercicio en la función de fiscal y mi protección y de mi familia, en cumplimiento de la Resolución 55/2021 del 25 de julio de 2021 de la Medida Cautelar n.° 576-21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al haberse tomado conocimiento del voto del magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada en el cual formula consideraciones para que se criminalice mi actuación de fiscal en el acontecimiento del suicidio de Alan García”, se puede leer en el documento.

Pérez recordó que el 17 de mayo de 2021 cursó un informe al despacho del fiscal coordinador Rafael Vela, informando que era objeto de una campaña de hostigamiento y amenazas en su contra por el suicidio del exmandatario Alan García. Señala que se le atribuyen "falsamente" haber sido parte de una conspiración para que el exjefe de Estado se sintiera acorralado y decidiera terminar con su vida.

Asimismo, indica que el 23 de noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional emitió sentencia en un expediente del Gobierno Regional de Junín. Y que durante el fundamento de su voto, el magistrado José Luis Sardón hizo alusiones sobre la actuación del su persona en el caso de Alan García y lo responsabiliza por el suicidio de este.

Indica que a raíz de estos fundamentos públicos del magistrado Sardón, se ha reanudado una campaña de amedrentamiento y amenazas por las redes sociales en su contra. Y fue como consecuencia de estos hechos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó garantías para su vida y la de su familia porque el inicio de numerosas amenazas de muerte.

El fiscal consigna las garantías establecidas en el informe “Situación de las Fiscalías en la protección de los Derechos Humanos en la Región”, elaborado por personas y defensores de los derechos humanos en 11 países de la región.

“La criminalización y el ataque público a las y los fiscales por parte de altas autoridades políticas, también ha sido reportado en la región. El uso del discurso oficial para señalar a quienes persiguen la corrupción como ‘corrupos’, ‘terroristas’ o poniendo en duda la imparcialidad de su labor, es otra forma de afectación a la independencia y autonomía de los fiscales”, dice el informe presentado por el fiscal Pérez.

Como se sabe, José Domingo Pérez es titular del primer despacho que se encarga exclusivamente de las investigaciones de los delitos vinculados con corrupción de funcionarios por el caso de la empresa brasileña Odebrecht. También investiga las presuntas aportaciones ilícitas recibidas por Keiko Fujimori en las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

El 17 de abril de 2019, Alan García se disparó en la cabeza en el interior de su domicilio. Fue cuando el fiscal de Lavado de Activos, Henry Amenabar Almonte, del despacho de José Domingo Pérez, y agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), ingresaron en la residencia para detenerlo de forma provisional por su vinculación con los sobornos de Odebrecht.

(Foto: Andina)

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