Tras la sentencia en primera instancia contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por el libro 'Plata como cancha', que perfila al político y empresario César Acuña, la Defensoría del Pueblo condenó el abuso judicial para afectar la libertad de expresión.
"En el caso del periodista Christopher Acosta, hemos condenando el uso de la justicia penal como mecanismo de afectación a la #LibertadDeExpresión y demandado que se respeten estándares internacionales en el caso en su contra", señaló la Defensoría.
La Defensoría del Pueblo recordó que, en reiteradas ocasiones, ha puesto en relieve la situación de las y los periodistas que, a consecuencia del ejercicio de su profesión, son sometidas/os a procesos penales a fin de silenciarlas/os.
"Cabe precisar que, durante el trámite de la querella, se ha advertido que la información que obra en el mencionado libro estaría basada en fuentes públicas y verificables, de afirmaciones hechas por el propio querellante; por ello, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Poder Judicial que cumpla con respetar los estándares que protegen la libertad de expresión", señaló.
En ese sentido, señaló que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha resaltado la especial protección que gozan los discursos o informaciones sobre funcionarios y personajes públicos, de ahí que exista un menor margen para la imposición de restricciones, las que deben ser necesarias y razonables.
"Dada la naturaleza de la libertad de expresión, una eventual condena deberá no solo estar debidamente motivada, sino también será indispensable, además, que esta observe los criterios desarrollados a nivel interamericano y que exista un estricto juicio de proporcionalidad que demuestre que ella resulta inevitable y razonable", señaló la institución.
La Defensoría resaltó que es incompatible con el sistema constitucional y democrático el empleo de mecanismos de persecución penal para reprimir la libre difusión de ideas, máxime cuando estas versan sobre asuntos de relevancia pública. La propia Corte IDH ha precisado que no es convencionalmente procedente recurrir al derecho penal para proteger el honor de un funcionario o personaje público.
Por último, la institución demandó al Poder Judicial cumplir con estándares establecidos por la Corte IDH y el Tribunal Constitucional (TC) en materia de libertad de expresión.
Esta mañana, el juez Raúl Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima, sentenció a Acosta y Pimentel por el delito de difamación agravada. La denuncia fue presentada por Acuña Peralta, quien tiene como abogado a Enrique Ghersi.
Según los denunciantes, el hecho de que el periodista Acosta haya recogido y publicado testimonios sobre Acuña, incluso de entrevistas publicadas en otros sitios anteriormente, calificaría como delito de difamación agravada. Esta absurda hipótesis fue avalada por el juez Raúl Jesús Vega. Se espera que, en segunda instancia, este fallo judicial sea corregido en respeto a la libertad de expresión.
[Foto de portada: Andina]
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