¿Cómo es posible que en Perú se de una situación en la que los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz que han denunciado hechos tan graves como los vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana estén ahora sufriendo un proceso de desgaste personal y financiero?, se pregunta María Eugenia Mohme, presidenta del Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
José Ugaz Sánchez-Moreno, abogado con cuarenta años de experiencia en Derecho Penal, es el defensor de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana y recuerda que se trata de una denuncia contra una organización religiosa, lo cual influye en las decisiones de los operadores de justicia.
"Hay una conjunción de elementos que llevan a un escenario como el que acabas de describir. El primero tiene que ver con lo que han mencionado Pedro hace un momento. Es una investigación contra un grupo de poder. Adicionalmente al poder económico, que implica por ejemplo, que sea un pequeño ejército de abogados el que está detrás de todas estas defensas, son múltiples abogados que han venido participando, algunos de ellos incluso en su momento vinculados al Estudio Oré que terminó, a su vez, investigado por una serie de delitos, está el tema religioso que yo creo que juega un peso definitivo en este caso porque aún cuando nuestra hipótesis es que estamos hablando de una organización criminal que se ha refugiado con un ropaje religioso, esto impacta mucho en algunos burócratas que creen que están confrontándose a la Iglesia Católica", señala Ugaz Sánchez-Moreno.
En la conferencia "Perú: Libertad de expresión en peligro", el expresidente de Transparencia Internacional recordó que la primera fiscal archivó esta investigación y que esta magistrada tenía una hermana religiosa y elementos en su oficina, que explicarían su decisión de concluir que los hechos denunciados contra el Sodalicio de Vida Cristiana no eran delito.
"Ha habido que batallar permanentemente con idas y venidas en el Ministerio Público hasta que esta investigación cayó en las manos de un par de fiscales que vieron con toda claridad que estábamos hablando de hechos graves", dijo.
En ese sentido, señaló que los magistrados deberían ser conscientes de los dramas humanos que hay detrás de cada denuncia.
"Yo debo decir que, con los años de experiencia que tengo en el ámbito penal, ha sido muy conmovedor escuchar hoy día a hombres mayores, estamos hablando de personas mayores de 40 años, quebrarse ante un fiscal por el trauma que los persigue desde hace veinte años, cuando ingresaron a esta organización. Y realmente es doloroso ver cómo, y ha ocurrido en este caso, no solamente se toma con displicencia esta situación, sino que incluso es objeto de burla", dijo.
Ugaz Sánchez-Moreno cuestionó a abogados del Sodalicio y peritos tengan "una actitud de burla" diciendo que los denunciantes "no tienen ningún trauma" porque eso habría sido "producto de una familia desarticulada porque sus padres se separaron cuando usted era un adolescente". También señaló que, en el proceso judicial, han dicho que no hubo "secuestro mental", que esto sería "una invención de la defensa" porque los denunciantes pueden "desplazarse libremente, no estaban encadenadas e incluso viajaban al extranjero”.
Para el abogado, esto desnaturaliza totalmente lo que la ley penal califica como lesiones graves.
"Aquí hay personas que tienen décadas con tratamientos psiquiátricos, psicológicos, que están con medicación, que han visto sus proyectos de vida frustrados porque estuvieron mucho tiempo en esa institución porque no estudiaban y los preparaban para no tener una vida operativa, no solo en términos profesionales, sino incluso en lo que implica el no poder construir una relación de pareja o de familia, cosa que a muchos de ellos les ha ocurrido", recordó.
"Entonces, hay, efectivamente, no solamente una organización que tiene un poder económico, que tiene un ropaje religioso, que genera prejuzgamiento y algunas valoraciones inadecuadas de los operadores de justicia, sino también nos ha tocado personajes desde el lado del sistema, que no solo no comprenden la problemática sino que incluso hacen escarnio de eso. Hay aquí, lo que se llama la doble victimización. No solamente han sido personas lesionadas profundamente por el Sodalicio, sino que ahora el sistema de justicia, los vuelve a victimizar diciendo que no son víctimas, que están simulando. Esto está detrás de esta investigación", agregó.
A propósito del allanamiento contra la vivienda de Pedro Salinas por una denuncia de Edgardo Palomino, vinculado al ultraderechista Renovación Popular, el abogado penalista señaló que esto "viene a ser la cereza de la torta en toda esta cadena, donde vemos que el sistema resulta más funcional para los perpetradores, que garantista para las víctimas que han sido clara y notoriamente afectadas".
Por último, Ugaz Sánchez-Moreno aclaró que "nadie está diciendo que los señores del Sodalicio no tengan derecho a su defensa, pero lo que no podemos permitir es que esas defensas utilicen o tuerzan la ley para generar situaciones que lo único que hacen es profundizar el drama de las víctimas".
El abogado de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana dijo esperar que el fiscal Castañeda tome la decisión de avanzar hacia la segunda etapa del juicio.
[Foto de portada: Getty Images Signature]
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