- Edgar Cutipa Quispe, periodista
En Puno, la minería informal se ha masificado intensamente con mucha más devastación, tras la paralización de actividades por la pandemia del covid-19, provocando daños irreparables en la cabecera de cuenca del río Ramis, afectando a los centros poblados que se dedican a la agricultura y ganadería.
El problema social de falta de empleo por el cierre de actividades ha golpeado a muchos sectores de la economía en Puno ocasionando una migración al trabajo de la minería informal incrementándose la delincuencia, prostitución y trata de personas, principalmente en los centros poblados Lunar de Oro y Rinconada, ubicados en la cabecera de cuenca.
La contaminación en esta cuenca, sin embargo, es un problema de larga data que afecta la calidad de vida de miles de familias. Por ello es el principal foco de conflictos socioambientales de la región altiplánica.
Pero la situación ahora se vuelve más preocupante por el inicio de la temporada de lluvias que se extiende hasta marzo, debido a que muchas operaciones artesanales o informales vierten sus relaves directamente al río contaminando todo a su paso. Además, de este problema se suma la contaminación por desperdicios sólidos acumulados en grandes botaderos y el vertimiento de aguas residuales domésticas (desagües).
Se conoce también que los propietarios de terrenos donde se desarrollan actividades mineras han sido desplazados por las llamadas “cooperativas” registrándose enfrentamientos constantes.
En la provincia de San Antonio de Putina la actividad minera es a tajo abierto, mientras que en el sector de Pampa Blanca en el distrito de Ananea, hay empresas mineras de considerable estructura que depositan sus relaves en lagunas artificiales sin ningún cuidado.
En tanto, en Pampa Blanca existen tres centrales mineras que agrupan a 45 pequeñas cooperativas, y en Lunar de Oro hay 468 operadores mineros que son dueños de determinadas extensiones de terreno para la extracción de mineral.
Dentro de los poblados Lunar de Oro y Rinconada, hay una zona industrial encabezada por la denominada “asociación de trapicheros” que, valiéndose de molinos para sacar oro de baja ley, utilizando grandes cantidades de agua que llegan en camiones cisternas.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió un último informe técnico 064-2019 en el que da cuenta que en La Rinconada el agua no cumple con los estándares de calidad ambiental mínimo requeridos.
El informe constata que, de los 11 puntos de monitoreo que hay desde la naciente de la cuenca del río Ramis hasta la parte baja de Azángaro, el del río Antauta, es el único que cumple con los parámetros establecidos de calidad del agua. En esta área opera la empresa minera formal San Rafael.
Un reciente trabajo de investigación periodística realizado por reporteros y ambientalistas de Puno corrobora lo señalado por los estudios del ANA que, si bien el principal foco de contaminación proviene de la minería informal o artesanal, existen diversos aportantes de polución a lo largo de la cuenca. Estos provienen principalmente de los vertimientos de aguas residuales domésticas que van directamente al río sin ningún tratamiento, tal como se observa en distritos como San Antón, Progreso o Azángaro. Igualmente ocurre con los lixiviados de los botaderos de basura que abundan en las márgenes del río en las cuencas media y baja. Por otro lado, elementos como desechos de ganadería o lavado de ropa se realizan de forma masiva y sin ningún tipo de control ambiental impactando en la calidad del agua.
Es un problema social complejo, agravado por la poca acción de las autoridades. Pero también existe muy poca cultura ambiental en la población y desinterés de los gobiernos locales.
Datos:
• El 26 de noviembre ocurrió una rotura en una poza de relaves en la zona de Ananea, levantada sin ningún lineamiento técnico por la cooperativa minera San Antonio. El derrame de lodos y lama generó la destrucción de un tramo de la carretera y diversos daños a poblaciones aledañas. Asimismo, ahondó más el desastre ambiental en la cuenca del Ramis. La Dirección Regional de Minería solo impuso una multa de 40 UIT.
• La Comisión de Energía y Minas aprobó por unanimidad el predictamen del proyecto de ley que establece ampliar ese plazo de formalización minera por tres años más, hasta el 31 de diciembre del 2024.
[Foto de portada: Edgar Cutipa Quispe]
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