Mediante Resolución Suprema N° 158-2021-PCM, publicada este miércoles, en El Peruano, el presidente Pedro Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, designaron al abogado Ricardo Soberón como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Soberón es abogado especialista en temas de políticas de drogas, cuenta con Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bradford (Inglaterra), es fundador del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH) y miembro del Transnational Institute. Se ha desempeñado como Coordinador del Programa de Fronteras de Consejería en Proyectos en Colombia y ha sido presidente de Devida entre el 2011 y 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala.
Tras su breve paso por Devida, Soberón fue asesor de la excongresista Tania Pariona (Nuevo Perú), con quien trabajó el proyecto de ley 1393 (2016) que propuso regular los diversos usos de la cannabis en respeto a los derechos de los usuarios e incluyendo a las asociaciones y a los productores artesanales. Anteriormente, en una entrevista a LaMula.pe, Soberón recordó:
"[El proyecto] Incorporaba todo el espectro de los usos del cannabis en términos de sus cualidades como planta medicinal y se reconocía su uso milenario como relajante natural. También incluía el uso recreativo bajo el mismo paraguas que el alcohol: ser mayor de edad y no consumir cuando se conducen vehículo. Se proponía que todo eso esté bajo un sistema de registros y licencias. Lamentablemente, los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Luz Salgado fueron los primeros cruzados de una mirada represora, de ponerle candados innecesarios amparados en el absoluto desconocimiento, prejuicio y miedo que ellos tenían sobre el mundo del cannabis a nivel mundial y del Perú", dijo Soberón en diciembre del 2019, cuando era candidato al Congreso con Juntos por el Perú (JP).
Como candidato al Congreso, Soberón propuso mejorar la Ley 30681 que solo otorgaba licencias a los laboratorios, reformar el artículo 296A del Código Penal para que se exceptúe de condena a los ciudadanos que tengan hasta 100 plantas de cannabis sativa y combatir la criminalización de los usuarios. "
"Actualmente, los usuarios están expuestos a detenciones, golpizas, abusos y hasta sembrado de otras sustancias ilícitas", señaló Soberón.
En ese sentido, Soberón criticó que, en el 2018, el 40% de detenidos por drogas fue por consumo, que no está tipificado como delito.
"Están distrayendo sus recursos donde no deben. La política de drogas es un desastre, está secuestrada", criticó.
El abogado especialista en políticas sobre drogas resaltó que los peruanos deberíamos aprovechar todas las escalas del cannabis: la macrocomercial, que corresponde a los laboratorios, el terapéutico enfocado en los pacientes, el cosmético y el de los productos alimenticios. De igual manera, Soberón propuso que se debería incluir a la producción artesanal para incluir a la cannabis como una medicina natural en correspondencia con la Ley General de Salud y sus artículos sobre medicina tradicional.
"Ese es un aspecto interesante, ahí puede entrar la medicina indígena o alternativa sobre la base de plantas maestras. Podríamos plantear no solo al cannabis, sino a la hoja de coca, el ayahuasca, el San Pedro, entre otras plantas de uso tradicional", dijo Soberón en esa entrevista.
Ahora, Soberón asume funciones como jefe de Devida en momentos en los que el Estado peruano tiene el reto de regular la producción artesanal con cultivo asociativo de cannabis mientras se sigue criminalizando y deteniendo a cultivadores y usuarios.
Esta designación no sorprende, ya que, a fines de octubre, la Jefa del Gabinete Ministerial señaló que las políticas de drogas de los últimos 30 años no han tenido resultado, por lo que dejó entrever que serían necesarios cambios de enfoque.
¿Cambio de políticas sobre cannabis?
Actualmente, Perú tiene dos leyes que reconocen a cannabis como medicina: la Ley 30681 (2017), que le dio la exclusividad de las licencias a la industria farmacéutica, y la Ley 31312 (2020) que ha incluido a las asociaciones de cultivo y a productores artesanales.
Sin embargo, el Código Penal sigue castigando con cárcel a las personas que se dedican a actividades relacionadas a la comercialización de cannabis sin licencia y mantiene al contradictorio Artículo 299, que se refiere a la cantidad de "posesión punible" de drogas, a pesar de que poseer drogas no es delito. Como han explicado anteriormente diversos abogados penalistas como José Ugaz, Leonardo Latinez y Pedro Vera, el tipo base es el Artículo 296, en el que se especifica que el delito es el de tráfico ilícito. Por ello, cultivar, producir, poseer, almacenar y transportar cannabis para el propio consumo no es delito. Lamentablemente, como reconocía Soberón en el 2019, policías y fiscales no toman esto en cuenta y cometen abuso de autoridad con malas prácticas normalizadas, por lo que urge una modificación del Código Penal y capacitación masiva a funcionarios.
Desde agosto pasado, el Poder Ejecutivo viene trabajando en un nuevo Reglamento de la ley de cannabis para uso medicinal, que ahora incluye a las asociaciones de cultivo conformadas por pacientes. Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsa) recibió las observaciones de diversas organizaciones cannábicas.
Devida es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y constituirse en la contraparte nacional para todos los fondos de cooperación internacional.
*Este es el proyecto de ley sobre cannabis (2016) en el que Soberón participó como asesor de la congresista Pariona:
[Foto de portada: Andina]
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