De 227 ataques letales a nivel mundial, 165 personas fueron asesinadas en América Latina por defender su tierra y el planeta en el 2020, según un informe, publicado hoy, por Global Witness.
De acuerdo con estas cifras, tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 sucedieron en la región. De los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete están en América Latina. En Brasil y Perú, casi tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de esos países.
Colombia es el país con mayor cantidad de ataques registrados con 65 personas defensoras asesinadas en 2020. Un tercio de estos ataques fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores.
En Nicaragua se registraron 12 asesinatos, en comparación con los cinco que Global Witness documentó en 2019. Considerando los asesinatos per cápita, se convirtió en el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020.
La cantidad de ataques reportados en Brasil sigue siendo alta con 20 asesinatos registrados. El gobierno de Bolsonaro ha priorizado las industrias extractivas en las regiones del Amazonas y del Cerrado. Organizaciones de derechos indígenas y al menos seis de los partidos políticos de Brasil han alegado que el COVID-19 podría conducir a un "genocidio" de los pueblos indígenas de Brasil.
En los casos en que los informes señalan que las personas defensoras fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, la mayoría (70%) trabajaba para defender los bosques de la deforestación y del desarrollo industrial, algo vital en los esfuerzos por frenar la crisis climática. Otras murieron por su trabajo al proteger ríos, áreas costeras y océanos.
De acuerdo al informe, al menos el 30% de los ataques registrados estuvieron directamente relacionados con la explotación de recursos, incluyendo la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala, las represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. Además, la explotación forestal fue la industria vinculada a la mayor cantidad de asesinatos con 23 casos, con ataques reportados en México, Brasil, Nicaragua y Perú.
Global Witness llama la atención sobre cómo, mientras en otros lugares del mundo el Acuerdo de Escazú se acogió con satisfacción y fue ratificado, en América Latina y el Caribe la violencia contra los defensores continuó e incluso en algunos países la violencia alcanzó "niveles sin precedentes".
"En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana alrededor del mundo, desde que se firmó el acuerdo climático de París en 2015. Sin embargo, esta impactante cifra es, casi con certeza, una subestimación, ya que es probable que muchos casos no sean denunciados ante las crecientes restricciones al periodismo y otras libertades cívicas", se lee en el informe.
"Las cifras muestran el costo humano de la destrucción provocada por las industrias y corporaciones extractivas", agrega.
Al respecto, Marina Commandulli, activista de Global Witness, señaló que, "en un año en el que los países latinoamericanos sufrieron crisis sin precedentes, una constante permaneció: la violencia contra las personas defensoras".
"América Latina ha sido consistentemente la región más afectada y, con demasiada frecuencia, quienes se pronuncian por su tierra y nuestro planeta deben enfrentar la criminalización de los gobiernos, la intimidación en sus comunidades y el asesinato. Esta violencia sistémica es el resultado de décadas de impunidad para los perpetradores y las empresas que ponen la extracción y las ganancias por encima de la vida humana y nuestro medio ambiente”, señaló.
Entre las y los activistas que continúan amenazados se incluyen las comunidades de Guapinol en Honduras. Allí decenas de personas defensoras de la tierra y del agua han sido arrestadas en los últimos años por protestar pacíficamente contra una concesión minera de óxido de hierro otorgada por el gobierno central en un área protegida. Muchos miembros de la comunidad siguen privados de su libertad.
Ante esta situación, Global Witness recomienda:
A la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
- Reconocer formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible.
- Asegurar que los compromisos y acciones asumidos en la COP26 para implementar el Acuerdo de París integren la protección de los derechos humanos.
A los gobiernos locales:
- Garantizar que los derechos humanos de las personas defensoras estén protegidos y que puedan llevar a cabo su activismo de manera segura, y deben:
- Garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar cualquier disposición legislativa utilizada para criminalizarlas.
- Exigir a las empresas e instituciones financieras que realicen la debida diligencia obligatoria. Deben responsabilizarse por la violencia y otros daños ejercidos contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a través de cada una de sus operaciones globales y cadenas de suministro.
- Garantizar el acceso a la justicia mediante la investigación y el enjuiciamiento de todos los actores pertinentes, incluyendo a los actores corporativos implicados, por la violencia ejercida contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Por otro lado, el informe recordó que la Comisión Europea está preparando dos importantes normas legislativas: una iniciativa sobre Gobernanza Empresarial Sostenible y un reglamento sobre productos básicos que implican un riesgo forestal. La Unión Europea (UE) debe garantizar que:
- La iniciativa sobre Gobernanza Empresarial Sostenible exija que todas las empresas que hacen negocios en la UE, incluidas las instituciones financieras, tomen medidas para prevenir, identificar, abordar y dar cuenta de los daños ambientales y de derechos humanos a lo largo de sus cadenas de valor como parte de su debida diligencia e incluir un mecanismo de ejecución consistente, con sólidos regímenes de responsabilidad y sanciones para responsabilizar a las empresas.
- El Reglamento de diligencia debida propuesto sobre productos básicos que implican un riesgo forestal exija explícitamente que las empresas y los financistas que hacen negocios en la UE se abastezcan o financien únicamente operaciones que hayan obtenido el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Por su parte, las empresas deben hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que no están causando, contribuyendo o beneficiándose de estos ataques, sean cuales sean los costos. En particular, deben:
- Publicar e implementar sistemas sólidos de debida diligencia para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los daños ambientales y de derechos humanos en todas sus cadenas de suministro y operaciones.
- Adoptar e implementar una postura de tolerancia cero ante represalias y ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en sus operaciones globales.
- Prever y facilitar procesos de reparación efectivos cuando se produzcan daños e impactos ambientales y de derechos humanos adversos.
[Foto de portada: Giancarlo Shibayama / SPDA]
Notas relacionadas en LaMula.pe:
UICN aprueba el llamado global de los pueblos indígenas a proteger el 80% de la Amazonía al 2025
Lanzan convocatoria para la Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio Climático en Perú
