La alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a la calma a los actores políticos y sociales en Perú para evitar una mayor fractura social tras estas elecciones presidenciales.
Bachelet se refirió a la creciente tensión social que se vive en el país luego de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 6 de junio, entre los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
"Me preocupa ver cómo lo que debería ser una celebración de la democracia se está convirtiendo en un foco de división, que está creando una fractura cada vez mayor en la sociedad peruana, con implicaciones en los derechos humanos", manifestó Bachelet en un comunicado de la ONU.
Después del 6 de junio, tras el conteo rápido de Ipsos/América y los resultados parciales que mostraban como ganador a Castillo, Fujimori ha brindado conferencias de prensa y ha participado en manifestaciones en las que insiste con denunciar fraude, a pesar de no contar pruebas. De manera paralela, sus simpatizantes han atacado y acusado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
"Las instituciones electorales y las decisiones que estas tomen deben respetarse y asumirse. Si no se aceptan las reglas de la democracia antes, durante y después de las elecciones, la cohesión social puede resquebrajarse peligrosamente", dijo la Alta Comisionada de la ONU.
Pero los ataques de los fujimoristas no solo han sido contra las instituciones, sino que se han ensañado contra el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, a quien vienen "terruqueando" desde antes de la segunda vuelta, y contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Contra ambos se vienen realizando protestas en los exteriores de sus domicilios.
Para la Alta Comisionada de la ONU, este acoso es especialmente preocupante, ya que es ejercido contra autoridades públicas.
Los seguidores de Fujimori también han creado "listas negras" y han iniciado una persecución contra personajes públicos que decidieron no apoyar a su lideresa.
En el comunicado, Bachelet también manifestó su preocupación por esta campaña de hostigamiento que tiene el objetivo explícito de forzar a estas personas a abandonar el país.
Por su parte, los seguidores de Castillo, profesor rural y líder sindical, también han sido víctimas de ataques verbales con mensajes racistas y comentarios despectivos en razón de su etnicidad, condición social u origen regional.
"Repudio los discursos de odio y la discriminación en todas sus facetas, inaceptables en cualquier sociedad democrática", señaló la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Finalmente, Bachelet hace un llamado a la reflexión y la calma, "y al respeto por los valores democráticos y de no discriminación, así como a la defensa de los derechos humanos, todos esenciales para la convivencia en una sociedad tan rica y plural como la peruana".
Sobre las elecciones en Perú
Al 99.985% de las actas contabilizadas por la ONPE, Pedro Castillo tiene 50.127% y Keiko Fujimori tiene 49.873%. Luego que se vio superada por Castillo en los resultados oficiales de la ONPE, Fujimori y su organización prepararon más de 900 recursos para anular actas de mesas de sufragio y eliminar los votos de más de 200,000 ciudadanos y ciudadanas de las zonas rurales del Perú, donde el candidato de Perú Libre obtuvo las más altas votaciones.
Fujimori ha sido denunciada por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción de la justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio. Ella y otras cuarenta personas cercanas a su partido son acusadas de haberse asociado para lavar más de 17 millones de dólares que habrían recibido de grandes empresarios para financiar las campañas de Fuerza Popular del 2011 y 2016. Por este caso, en marzo pasado, luego de más de dos años de investigación preparatoria y con un expediente de más de 13,200 folios, el fiscal Pérez Gómez pidió 30 años de prisión para Fujimori.
[Foto de portada: EFE]
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