El juez Víctor Zúñiga Urday inició formalmente el control de acusación de la candidata presidencial, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros coacusados por lo delitos de lavado de activos y organización criminal. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso trasladar el requerimiento acusatorio a los sujetos procesales por el plazo de 10 días útiles.

El Poder Judicial declaró también infundado el recurso con el que la candidata fujimorista por el denominado caso 'cócteles' buscaban anular el cierre de la investigación en su contra y que el proceso retroceda a una etapa anterior. Zúñiga Urday rechazó los recursos de nulidad que fueron presentados por los abogados de la actual candidata presidencial, de su esposo Mark Vito Vilanella y su empresa MVV Bienes Raíces, de Jaime Yoshiyama, de Fuerza Popular y del acusado Luis Barboza.

De acuerdo la resolución judicial, se considera que la decisión de la fiscalía de cerrar la investigación y presentar su acusación no afecta sus derechos. Además, señaló que los abogados todavía pueden presentar las pruebas que considerar necesarias para sus defensas en la etapa intermedia o de control de acusación.

La decisión del magistrado puede ser apelada por las defensas de Keiko Fujimori y los coacusados que presentaron estos recursos de nulidad. Por ahora, el proceso de mantiene en la etapa intermedia y a la espera de que, dentro de este, el juez Zúñiga inicie el control de acusación.

Asimismo, se confirmó la diligencia de allanamiento e incautación en el local del partido Fuerza Popular, que el fiscal José Domingo Pérez realizó en enero del año pasado, tras declarar infundado el recurso de apelación que interpuso la defensa de la agrupación política para dejar sin efecto lo hecho y obtenido por el Ministerio Público.

De acuerdo a la resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó la apelación contra las diligencias en la sede de Paseo Colón, en el Centro de Lima, y precisó que la incautación de documentación no representa “una lesión a los derechos del apelante, más aún si la propia defensa ha reconocido que solo eran copias de documentos cuyos originales  ya habría sido objeto de incautación”.

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