Tras una semana desde que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciara que propondría observar la ley aprobada por el Congreso de la República, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció, este miércoles, que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de no observar esta norma.
En conferencia de prensa, Bermúdez reconoció que con este retiro de los fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se estaría dejando sin recursos a los trabajadores que caigan en desempleo. Sin embargo, señaló que el Ejecutivo ha considerado "la situación actual en que muchas personas requieren fortalecer sus ingresos económicos para afrontarla emergencia sanitaria".
"Hemos tomado la decisión de no observar la autógrafa aprobada por el Congreso de la República", dijo Bermúdez.
La función de la CTS
Desde que en marzo del 2020, el Ejecutivo aprobó que trabajadores retiren parte de sus fondos de sus CTS, empezó la desnaturalización de este beneficio laboral.
En el Artículo 1 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de CTS, se lee que este pago "tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia".
Es decir, la CTS tiene la finalidad de servirle al trabajador para que no se quede sin dinero cuando lo despidan, cumpliendo las funciones de un "seguro de desempleo".
Al respecto, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la mayoría de países latinoamericanos "funcionan con planes de compensación por finalización del trabajo", que prevén la entrega de una única suma como indemnización "para ayudar a salir de apuros a los trabajadores desempleados mientras dura su situación de desempleo".
La CTS es un beneficio social con el que cuentan trabajadores formales, con excepción de algunos regímenes especiales que no incluyen este derecho laboral.
Falta de bonos universales
A fines de marzo pasado, tras hacer un análisis de la situación económica peruana, el conservador Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó que el Gobierno de Perú entregue un bono equivalente a S/2,760 para reducir los niveles de pobreza y necesidades económicas provocadas por la pandemia de la covid. Este bono costaría 2.3% del PBI peruano, que sería aproximadamente S/ 17,250 millones.
La otra opción, según el FMI, sería un solo bono de S/ 1,530, lo que permitiría reducir la pobreza a 23.6% este año en el país.
El FMI propuso que este bono este dirigido a beneficiarios de los programas sociales Juntos y Pensión 65, hogares en situación de pobreza, a todas las personas en situación de desempleo y a los que ganen menos de S/ 3,000.
[Foto de portada: Andina]
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