En Perú, poseer, consumir y producir drogas para el propio consumo son conductas que carecen de trascendencia penal, ya que no se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal, como han explicado los abogados José Ugaz, Leonardo Latinez, Pedro Vera, Romy Chang, entre otros. En el Capítulo III sobre Delitos contra la Salud Pública, la Sección II se titula "Tráfico ilícito de drogas" (TID) y es esto lo que las autoridades deberían perseguir.
Según un informe elaborado por el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), en Perú, el 18% de las personas privadas de su libertad son por TID, también llama la atención el número de personas que están por la modalidad de "promoción o favorecimiento" (4,634) y la situación de las mujeres acusadas de TID, que son más del 26% del total de mujeres presas en el país.
A continuación, compartimos el informe elaborado por el CIDDH.
EL NARCOTRAFICO Y LAS POLITICAS DE GOBIERNO.
Informe del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH, marzo 2021.
En las últimas semanas, hemos hecho una revisión de los Planes de Gobierno, para identificar los criterios de los 21 partidos políticos para abordar la situación del narcotráfico y las drogas. Consideramos son cinco los criterios que nos pueden ayudar a elaborar una fotografía completa de las propuestas: (i) control de cultivos de coca, (ii) lucha contra el crimen organizado, (iii) situación carcelaria, (iv) control de insumos químicos y (v) lavado de activos.
Ninguno de los planes de gobierno de los principales partidos consultados, tiene una visión específica o integral para abordar la problemática general del narcotráfico y menos de los cinco ejes fundamentales mencionados. Quizá una sumatoria y una adecuación de las principales diez propuestas, podrían ser útiles para aproximarse.
A continuación, un reporte actualizado de la situación en cada segmento.
Acción Popular: Cárceles, centros productivos; foco en puertos/aeropuertos, convenios DEA; fortalecer Unidad de Investigación Financiera.
Victoria Nacional: Narco aparece cuatro veces. Reforma Constitucional para asegurar su no captura del Estado. Incremento en 50% desarticulación de firmas del narcotráfico.
Fuerza Popular: “Fortalecer las capacidades e incremento de la infraestructura y equipamiento para la seguridad ciudadana”.
Renovación Nacional: Nombra una vez drogas en el diagnóstico; Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana y reducción de índices de violencia y delincuencia común.
Juntos por el Perú: Reformulación de políticas de cooperación y asistencia militar con Estados Unidos (EEUU).
Podemos Perú: Combate al narcotráfico y promoción al uso alternativo de hija de coca.
Avanza País: Ninguna mención
Partido Popular Cristiano: Compromiso con Políticas Nacionales de Lucha contra el Crimen Organizado, lavado Activos, seguridad y defensa nacional.
Alianza Para el Progreso: El concepto narco aparece 14 veces en el diagnóstico, pero solo para caracterizar o medir impacto socio económico.
Somos Perú: Fortalecer lucha contra narcotráfico, acciones militares e incremento de la acción del Estado en el VRAEM.
1. CONTROL DE CULTIVOS DE COCA
Las metodologías de medición que usa DEVIDA, la ONU y EE. UU difieren, así como sus resultados, generando ocasionales diferencias diplomáticas. Para DEVIDA (2019) existían 54,655 has de coca distribuidas en las 14 cuencas cocaleras y se producen 400 toneladas de cocaína. Para la Casa Blanca (2020), la cifra era mayor. Un aumento de 38% de área cultivada (72,000 has) y de 40% en droga final (705 toneladas de cocaína producidas).
En cuanto a los precios, para el primer semestre del 2020, la tendencia es a la baja (dependiendo de la zona), pero aún son altamente rentables: 6.50 soles kilo de coca, 1,935 soles kilo de pasta base, y 4,130 soles kilo de clorhidrato de cocaína. Falta rendimiento y productividad. Desde el 2017 el Gobierno del Perú incurre en demoras injustificada en la publicación de sus informes, lo que muestra la inconsistencia respecto a Bolivia y Colombia.
En materia de erradicación de cultivos de coca, debemos señalar que se siguen cometiendo los errores de apreciación y falta de evaluación, por parte del Gobierno peruano. El Gobierno sigue cumpliendo “en automático” la meta de erradicar 25,00 has anuales (antes Ucayali, ahora Puno) salvo el bajón de la pandemia, pero como observamos, no tienen ningún efecto sobre la tendencia de áreas cultivadas con coca, que sigue en alza. El factor que explica esto es la resiembra permanente por parte de los campesinos.
2. SITUACIÓN PENITENCIARIA
El problema de la inseguridad y la política criminal en el Perú es que se ambos se encuentran desbordados. La situación carcelaria es crítica, a pesar de que como consecuencia de la pandemia se produjo una ligera disminución de 9.7%, es decir 9.360 internos menos respecto de enero del 2020.
La población penitenciaria actual es de 86,785 reclusos, cuando la capacidad de albergue es solamente de 40,827: es decir, hay una sobrepoblación de 45,958 que es crítica y produce hacinamiento. El 34.3% de la población presa, esta aun en calidad de procesada, sin sentencia firme, lo que refleja una parte del problema pendiente a nivel judicial. El 11.1% de la población presa tiene entre 18 y 24 años, lo que constituye aun una esperanza de reinserción. Ahora bien, ¿cómo va el tema de los delitos de tráfico de drogas?
La situación se agrava en el caso de las mujeres: hay 1,165 internas por delitos de drogas, que constituyen el 26.94% del total de mujeres presas en el Perú.
* Fuente: Informe Estadístico del INPE, enero 2021.
3. LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
El Perú cuenta con el marco legal, la Ley 30077 y Decreto Legislativo 1244 que configura hasta 20 modalidades delictivas incluidas todas las figuras de Tráfico de Drogas. Cuenta además con una Política Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado. Refiere a un fenómeno que se caracterizar por variedad, organización, control territorial o económica, mientras que en cuanto a la organización se habla de la asociación de tres o más personas.
Entre 2014/2018 hubo 1´507,000 denuncias policiales por actividades de la delincuencia, en general. De ellos, el 72%, es decir 1´086,000 fueron por organizaciones criminales. Por otro lado, tenemos un incesante incremento de las intervenciones policiales y el desmantelamiento de organizaciones criminales:
Algo similar ocurre a nivel del Ministerio Público y el INPE. En el primero de ellos, se pasó de 956 el 2015 a 1458 el 2017. En el INPE, se pasó de 7148 internos por delitos cometidos por organizaciones criminales a 10687 casos. Pese a todos estos incrementos, debemos anotar las serias deficiencias que tienen las agencias operadoras, principalmente la Policía y el Ministerio Público: recursos, rotación, falta de coordinación, infraestructura.
4. CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS
Esta es una atribución de la SUNAT, que anteriormente se encontraba en manos de la SUNARP. Cuenta con legislación específica, el Decreto Legislativo 1126, que contiene dos Registros: uno para el Control de Bienes Fiscalizados, y el otro, un Registro de Operaciones. Son 33 productos químicos sujetos a control y 8 en el caso de combustibles. En la SUNAT, hay 4861 contribuyentes registrados para actividades de importación/exportación y comercialización de insumos químicos y 6885 establecimientos autorizados.
Existen serias limitaciones para un control abierto por parte del Estado, que se deja en manos de la buena voluntad del contribuyente, pues requiere una enorme infraestructura para controlar y manejar la extensión territorial. En nuestro país existe una gran informalidad, particularmente en las zonas de selva alta, lo cual facilita el desvío de tráfico de insumos químicos.
De acuerdo con la información disponible para el 2020 , se hicieron 168,175 operativos policiales lo que permitió la incautación de 18,700 toneladas de insumos químicos, a nivel nacional.
Lo curioso es que en la principal región productora de pasta y clorhidrato de cocaína -el VRAEM que constituye zona donde se aplica el Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados-, se han realizado un total de 71,000 actividades de fiscalización, pero solo se incautaron 42 toneladas de insumos químicos, es decir, el 0.22% del total de insumos incautados a nivel nacional. Esto demuestra que nos encontramos ante un problema de desvío de grandes proporciones.
5. LAVADO DE ACTIVOS
Existe el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos. También existe una legislación idónea -compuesta por la Ley 27765 (2002) y el Decreto Legislativo 486 (2007) que incide en lo penal, pero con serios problemas de concepción y sobre todo de implementación a nivel jurisdiccional, en lo que se refiere al origen ilícito o la procedencia de los activos.
La procedencia no es solo por delitos de drogas, sino también por contrabando, minería del oro, explotación de recursos forestales. Los rangos del dinero que periódicamente se lava en el país, tiene hasta tres rangos de cantidad: entre US$ 600 a 1,000 millones; casos como el BID y BM que oscila entre 1,500 y 2000 millones, hasta US$ 8,458 millones, 4.4% del PBI y 24% del Presupuesto 2012 .
Las campañas electorales no son el mejor lugar para debatir la justeza de una política. Es necesario “salir de la caja” para dejar de hacer lo que no funciona.
[Foto de portada: Getty Images Pro]
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