En Perú, cultivar cannabis para el propio consumo (autocultivo) no es delito: el Artículo 296 del Código Penal se refiere al tráfico ilícito de drogas. Ni la posesión ni el autocultivo (sin importar cantidades) son delitos porque son actos que se basan en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y no tienen relación con la comercialización, han explicado los abogados Pedro Vera, Leonardo Latinez y, recientemente, el exprocurador José Ugaz.

"La siembra o cultivo para el propio consumo, sea medicinal o 'recreativa', es absolutamente legal. Nadie puede ser sancionado por sembrar marihuana que no esté destinada a la comercialización. Eso es lo que dice la ley. De otra manera funcionan las agencias de control: la Policía y la Fiscalía no quieren entender esto bajo la lógica del negocio corrupto", dijo Ugaz en febrero pasado, en un evento académico organizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Como lamenta Ugaz, si bien el Código Penal es claro, la criminalización contra ciudadanos que usan cannabis es un problema real que afecta derechos humanos. Durante la pandemia, los casos de detenciones arbitrarias y extorsión por posesión y autocultivo han ido en aumento. 

Estas malas prácticas policiales y fiscales se dan en un contexto en el que el Estado peruano ya ha reconocido a la cannabis como una planta medicinal, a través de la Ley 30681, que regula su uso terapéutico, pero excluye a las asociaciones de cultivo, que lucharon para que esta ley se promulgue en noviembre del 2017.


Una propuesta para reparar a las asociaciones

A esta realidad debemos añadir que, hasta fines de enero pasado, había más de 10,000 personas inscritas en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis, según información brindada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). En ese sentido, debemos resaltar que hay pacientes usuarios de cannabis en todas las regiones del país; sin embargo, solo hay establecimientos farmacéuticos con licencia para vender cannabis en Lima Metropolitana. A más de dos años de aprobado el Reglamento de la Ley 30681, esta es una muestra de que son necesarias más vías de acceso.

Por ello, desde el partido Juntos por el Perú (JP) proponen incluir a las asociaciones de cultivo medicinal y despenalizar otros usos de la cannabis. Mario Ríos, abogado y magíster en salud pública, candidato al Congreso por Lima (7) es el vocero en temas de salud del partido que lidera Verónika Mendoza. En declaraciones a LaMula.pe, precisó que su propuesta consiste en: 

"Modificar la Ley 30681 para incluir a las asociaciones e incorporar la despenalización de la cannabis. La idea que estamos trabajando es el concepto de uso informado de la cannabis. Las personas tienen que estar informadas y conocer bien, como ocurre con otros productos de consumo humano".

En el caso de la propuesta para las asociaciones de cultivo, Ríos recordó el caso de 'Buscando Esperanza', la asociación de cultivo por la que, en febrero del 2017, el cultivador Luis Gavancho, el médico Juan Lock y Ana Álvarez, madre de un joven con esclerosis tuberosa, fueron injustamente denunciados por el Ministerio del Interior (Mininter) por tener 7 plantas de cannabis y preparar extractos para pacientes. Estos ciudadanos fueron señalados como presuntos autores del delito de tráfico ilícito de drogas, pero al final, la jueza Rosa Zulueta Asenjo ordenó archivar el caso y anular sus antecedentes policiales, ya que la actividad que realizaban estaba amparada en el ejercicio del derecho a la salud y no había comercialización de por medio.

Si bien ha quedado claro que esta actividad no es delito, las asociaciones de este tipo se mantienen en la informalidad, ya que la Ley 30681 solo establece licencias de cultivo a los laboratorios farmacéuticos certificados. Por ello, Ríos señala que desde Juntos por el Perú el objetivo es:

"Reparar el daño generado a las asociaciones por la estigmatización, para que puedan seguir sus tratamientos con asesoría garantizada y no bloquear la posibilidad de que produzcan sus propias medicinas".

Ríos resaltó que si bien estas actividades no son delitos, ciudadanos y familias corren el riesgo por las malas prácticas policiales y que el vacío legal se convierte en una "espada de Damocles" en contra de las madres cultivadoras y los pacientes.

luis gavancho, dorothy santiago y ana álvarez, activistas a favor de la cannabis / foto: buscando esperanza


Despenalizarla para un uso informado

Ríos considera que uno de los problemas de salud que tenemos en Perú es que "las personas consumen sin tener la debida información sobre los productos y a veces estos pueden hacerle daño, como el consumo excesivo de carnes rojas o procesadas", señala. Si bien en el caso de la cannabis esta es más segura que el alcohol y otros fármacos, el vocero de JP señala que igual se debe garantizar un acceso informado porque "bien usada la cannabis no hace daño", pero si se consume de manera desinformada hay riesgo de efectos no deseados.

La idea, explica, es despenalizar todos los usos de la cannabis, para que haya un uso informado. En ese sentido, señaló el caso de los pequeños productores que también han quedado excluidos de la regulación.

"Lo que se busca es formalizar pensando en los que quieren comercializar y son pequeñas empresas. Aquí en lugar de reactivar la economía y alentar la generación de empleo, se está persiguiendo. Un criterio básico es la formalización de las actividades que actualmente se están desarrollando, formalizar todas las formas en la que se esté produciendo cannabis. Lamentablemente, el Estado les está negando el derecho a formalizarse, deberían tener el mismo trato que otras micro y pequeñas empresas", explicó Ríos.

El vocero de JP precisa que, como en estos casos se trata de comercialización, corresponde que se tramiten los registros sanitarios correspondientes, sea ante DIGEMID o la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), como cualquier otro tipo de productos de consumo humano.

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Un caso emblemático en vía judicial

Mientras se espera que el Estado peruano diga expresamente que va a respetar el derecho de los pacientes a cultivar su propia medicina, la paciente y activista Francesca Brivio interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Salud (Minsa). Actualmente, Brivio cultiva su propia planta de cannabis, ya que ella vaporiza frutos de cannabis con alto contenido del psicotrópico tetrahidrocannabinol (THC). Diagnosticada con mastocitosis, una enfermedad rara que la tuvo en silla de ruedas, su salud no mejoró hasta que agregó cannabis a su tratamiento e incluso ha podido dejar una decena de fármacos gracias a la planta. Lamentablemente, la vía de administración que usa y el producto que necesita no están disponibles en ninguna farmacia del país. 

El Minsa respondió que no le podía otorgar licencia de cultivo, ya que esta estaba restringida a los laboratorios farmacéuticos. Con esta demanda, se busca que un juez reconozca en una sentencia que cultivar tu propia medicina no es delito.

“No sabemos que decidirá la justica pero la demanda de Francesca esta amparada en nuestra propia Constitución Política y debe ser admitida. En el gobierno de Veronika Mendoza acabaremos con este dilatado drama, vamos a legalizar el cultivo con fines medicinales y proporcionaremos bienestar a miles de peruanas y peruanos”, dice Ríos, vocero en temas de salud de Juntos por el Perú y candidato al Congreso con el número 7 por Lima.


Medidas concretas

Lo que se haría en un eventual gobierno de Juntos por el Perú sería:

- Crear un registro de asociaciones de cultivo medicinal de cannabis (con receta médica)

- Incluir una opción en el registro de pacientes para señalar que se van a dedicar al autocultivo

- Para el caso de usuarios no medicinales (uso adulto responsable), no será necesario tener un registro

- Programas de capacitación para personas que se van a dedicar al cultivo

- No permitir abusos de la Policía: invitar a ciudadanos para que denuncien los casos


[Foto de portada: Yarygin / Getty Images]


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