La noche de este lunes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el Pleno del Congreso aprobó la ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los programas que ejecutan las entidades de la administración pública. Con 91 votos a favor, 0 votos en contra y 11 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley y posteriormente se le exoneró de segunda votación.
El dictamen aprobado consta de cuatro artículos y tres disposiciones complementarias finales. En el segundo artículo, se dispone que la administración pública debe reservar en todos sus programas que promocionan o generan empleo o actividades de capacitación para el trabajo, “no menos del 5 % de sus plazas disponibles para las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia”.
El tercer artículo modifica el artículo 1 del Decreto Supremo 012-2011.TR, que crea el Programa para la Generación de Empleo Social. Además, el cuarto artículo propone que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informe anualmente los resultados de la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los programas para la promoción o generación de empleo a las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Mujer y Familia.
Al respeto, el congresista Daniel Oseda Yucra (Frepap), titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señaló que muchos casos de violencia contra las mujeres se da en personas que dependen económicamente de sus agresores.
"Ese es un problema que debe ser enfocado desde diversas perspectivas. La violencia contra la mujer debe procurar la implementación de normas para promover y procurar la independencia de la mujer agredida mediante el trabajo, que es un deber y es un derecho”, señaló Oseda.
“El objeto (de esta propuesta legislativa) es promover que la afectada lleve a cabo su proyecto de vida, pueda salir delante, y fuera del cobijo de quien la agredió”, agregó el titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso.
Oseda argumentó que el desempleo femenino es mucho mayor que el masculino, lo cual debe ser un parámetro para que la acción gubernamental se enfoque en adoptar medidas para favorecer el empoderamiento femenino.
[Foto de portada: Andina]
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