¿Se corre? Edgar Alarcón, congresista de Unión Por el Perú (UPP). solicitó a la Mesa Directiva del Congreso la reprogramación de la Comisión Permanente (convocada para hoy) donde se iba a tratar la denuncia constitucional aprobada en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

Según informó el también titular de la Comisión de Fiscalización, tuvo que viajar a Iquitos a una audiencia pública con diversas autoridades de Loreto para la supervisión de la entrega de una planta de oxígeno y de obras relacionadas al combate de la COVID-19. 

Debido a que es la primera citación, de acuerdo al reglamento, Mirtha Vásquez, titular del Congreso, concedió a la reprogramación de la Comisión Permanente programada para este viernes 19 de febrero, para una próxima fecha. Según indicaron fuentes del Parlamento, la sesión para evaluar la denuncia constitucional aprobada contra Edgar Alarcón se convocará para el 1 de marzo.

El pasado 8 de febrero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hoy el informe final que recomienda acusar al parlamentario de Unión Por el Perú (UPP) Edgar Alarcón por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito cuando era contralor general de la República, con 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

La congresista Felícita Tocto fue la ponente del caso y presentó el informe indicando que había indicios suficientes que ameritan que el excontralor sea sancionado. Aseguró que se ha hallado un desbalance de más de 200 000 soles que corresponde a junio de 2016 hasta julio de 2017, cuando era contralor. Tampoco se puede justificar una transferencia de origen desconocido de más de 275 000 soles, indicó la legisladora de Somos Perú.

La conclusión principal dede este oficio señala que el legislador de UPP debe ser acusado "por antejuicio político, en su condición del excontralor general de la República, por ser el presunto autor del delito del delito contra la administración pública - enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado el artículo 401º del Código Penal, en agravio del Estado peruano".

A Alarcón se le investiga por un presunto desbalance patrimonial negativo en relación de gastos que ascienden a S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como gerente central de Operaciones, Auditoría y vicecontralor. Según el código penal, de encontrarse culpable, afrontaría una condena de hasta 15 años de cárcel.

Además, afronta más de cuatro denuncias en su contra por diversos delitos que habría cometido cuando era contralor general. Entre las acusaciones se encuentran hechos de colusión, peculado doloso, negociación incompatible y lavado de activos.

(Foto: Andina)

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