La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este lunes el informe final en el que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra e inhabilitarlo hasta por diez años, luego de investigar los procesos de contratación al cantante Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing', en el Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha. El texto se aprobó con 10 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

El presidente de este grupo Edgar Alarcón leyó el informe donde se recomienda “acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra Cornejo, conforme al artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y los artículos 99 y 100 de la Constitución política del Perú, por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”.

La segunda recomendación plantea "imponer una sanción ejemplar" y en ese sentido, se solicita al Pleno del Congreso inhabilitar al expresidente de la República, para el ejercicio de toda función pública por diez años. Asimismo, se recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo Ocola, quien desempeño el cargo entre abril del 2018 hasta el mes de marzo del 2019. De igual manera, acusar constitucionalmente a la exministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz Dodero y al exministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta.

También se plantea acusar constitucionalmente a los exministros de Estado en la cartera de Cultura, Transporte, Vivienda, Educación y Defensa que desempeñaron los cargos entre los años 2018 y 2020, periodos dentro de los cuales se efectuaron contrataciones en cada uno de los sectores mencionados, por delitos de omisión, de actos funcionales, al permitir que se ejecuten actos ilegales e ilícitos.

Consultado por la decisión de la comisión encabezada por Alarcón, el abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, dijo que una inhabilitación al expresidente de la República, tal como lo ha recomendado, "no procede". En una entrevista con RPP, explicó que tal medida no es viable debido a que el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido sendas sentencias en las que señala que, para ello, requiere una "sentencia confirmada, una cosa juzgada, firme" del Poder Judicial donde se determina la culpabilidad de una persona frente a un delito.

"El TC ha dicho que es imposible emitir una inhabilitación, porque esto significaría violar la separación de poderes y la presunción de inocencia en sede parlamentaria. Entonces, es necesaria, para que se implemente una inhabilitación primero, que se determine si existen delitos o no", sostuvo el abogado.

En ese sentido, Ugaz criticó el informe final aprobado bajo influencia del parlamentario Édgar Alarcón, acusado recientemente por un postulante a colaborador eficaz de haber recibido, cuando era contralor general de la República, una presunta coima de S/ 2 millones de parte del exalcalde Luis Cerrato Tamayo. "Este informe tiene inmensas contradicciones, incoherencias, ilegalidades, desproporciones. He hecho una lista de por lo menos 80 observaciones a esta acusación", manifestó.

"El Congreso está cuestionado por su parcialidad, su escaza neutralidad, y lo importante es que este no sea un fuero que se instrumentalice con fines de abuso de poder y vendettas particulares", agregó Ugaz quien afirmó también que "existe una absoluta certeza de que un [recurso de] amparo planteado es ganado en primera instancia en este caso".

(Foto: La República)

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