El pasado 23 de enero, durante el gobierno de Martín Vizcarra, se aprobó el Decreto de Urgencia Nº 014-2020 que "regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público". El documento fue firmado por la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, así como por el expresidente Vizcarra, el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.
Este decreto generó el rechazo de diversos abogados laboralistas, que coincidían en que esta norma era inconstitucional. Especialistas argumentaban establecer que el convenio de negociación colectiva se acoja a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) era una intervención en la jurisdicción arbitral. Mejor dicho, ¿cómo pedir aumentos de sueldo si al final todo va a depender del MEF?
Nadie le hacía caso a los representantes de los trabajadores, pero con la nueva gestión en el Legislativo, las centrales sindicales tuvieron un acercamiento con la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, quien se comprometió a agendar el tema de la derogatoria de este decreto.
Finalmente, este miércoles 25 de noviembre, con 114 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso derogó el Decreto de Urgencia N.° 014-2020.
El congresista Daniel Oseda Yucra (Frepap), presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señaló que dicha norma no tomó en cuenta que la negociación colectiva es un derecho humano consagrado en la Constitución vigente y también en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.
En ese sentido, Oseda hizo referencia a los Convenios 98 y 154 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma OIT.
Para el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, esta norma derogada era "la más pura expresión de una norma lesiva de los derechos fundamentales de los trabajadores”.
“Debe ser inmediatamente retirada del ordenamiento jurídico. La nueva ley de negociación colectiva del sector público es una competencia legítima y constitucional de este Parlamento”, afirmó Oseda.
Anteriormente, los abogados laboralistas, en un pronunciamiento firmado por diversos exministros de Trabajo, habían advertido que este decreto de urgencia del gobierno de Vizcarra negaba "de facto el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del Estado".
"El decreto de urgencia no solo es unilateral sino que impone que el convenio debe acoger lo establecido por el informe elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo pena de nulidad. Es decir, una parte, el Estado, impone su posición a la otra, dejando a la institución de la negociación colectiva, por definición bilateral y consensuada, en una mera apariencia", señalaba el pronunciamiento firmado por reconocidos abogados laboralistas como Javier Neves Mujica, Alfredo Villavicencio Ríos, Carlos Blancas Bustamante, Christian Sànchez Reyes.
La negociación colectiva es un derecho fundamental para los trabajadores. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este es un "instrumento al servicio de la justicia social", ya que ayuda a:
"[...] asegurar que los empleadores y los trabajadores expresen su opinión en igualdad de condiciones y que los resultados sean justos y equitativos. Mediante el proceso del diálogo, la negociación colectiva también puede contribuir a unas relaciones laborales adecuadas y ayudar a prevenir los conflictos laborales costosos. A su vez, unas relaciones laborales adecuadas son los cimientos para forjar unas alianzas efectivas basadas en el entendimiento mutuo, la confianza y el respeto, y para promover el desarrollo económico y social equilibrado".
En Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) comparte con los gobiernos regionales la función de "promover espacios nacionales y regionales de diálogo social y concertación laboral entre los actores más representativos de la sociedad peruana, y mecanismos que permitan la prevención y solución de conflictos laborales" (Ley Nº 29381).
La norma que había firmado el expresidente Martín Vizcarra no tenía la firma de la exministra de Trabajo, Sylvia Cáceres. Se espera que esta nueva gestión del MTPE tome en cuenta a la negociación colectiva.
[Foto de portada: alanfairliereinoso.pe]
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