En octubre del 2018, la abogada Gabriela Soto Hoyos entró a trabajar a la empresa del sector logístico RANSA (Grupo Romero) en el cargo de subgerente de relaciones laborales. Como tal, participó en dos sesiones de conciliación por negociación colectiva con los trabajadores de dicha compañía, los días 3 (ver acta de reunión aquí) y 17 de diciembre (ver acta aquí).
Dos días después de esta última reunión, Soto fue designada, por la ministra Sylvia Cáceres, como Jefa del Gabinete de Asesores en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) mediante Resolución Ministerial N° 324-2018-TR.
Con Soto en el Ministerio, el 21 de diciembre, RANSA decidió iniciar proceso de arbitraje y el 28 de ese mes, eligió al abogado Gastón Remy Llacsa, uno de los asesores bajo el mando de Soto, como su árbitro en este caso.
A inicios del 2019, Juan Carlos Gutiérrez, que había trabajado junto a Remy en 2013, fue designado Director General de Trabajo. En marzo, emitió la Resolución Directoral N° 035-2019-MTPE/2/14 sobre el caso RANSA. Este documento declaró improcedente la huelga porque la empresa solicitó antes ir a un arbitraje. La resolución se basó en el Informe de Asesoría Jurídica N° 537-2019-MTPE/4/8, elaborado por Haydeé Victoria Rosas Chávez.
Si bien el tribunal arbitral no se instaló por la negativa de los trabajadores que estaban evaluando ir a huelga y Remy ya renunció a ser árbitro de la empresa, para el Sindicato de RANSA Comercial (Sintracomsa), estos hechos son indicios de presunta corrupción. Por ello, el pasado 8 de abril, presentó una denuncia contra Soto ante el MTPE. Ese mismo día, con Oficio N° 901-2019-MTPE/4, el secretario general de dicho Ministerio, Pedro Manuel Tapia Alvarado, le comunicó a Remy Llacsa la culminación de su contrato.
Este lunes 15 de abril, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) mostró su respaldo a esta denuncia. "Constituye un hecho amoral y de intereses incompatibles [...] un acto de corrupción y una aberración jurídica delictiva", afirmó la central sindical en un comunicado. En este sentido, la CGTP pidió que la ministra Cáceres destituya del cargo a Soto. "Deben proceder a la inmediata destitución de la funcionaria y proceder con las disculpas del caso", señaló.
LaMula.pe entrevistó personalmente a Gabriela Soto, quien rechazó la denuncia del Sindicato de RANSA. La funcionaria reconoció haber participado, como representante de la empresa, en las reuniones de negociación colectiva, pero afirmó que no ha cometido ningún acto ilegal.
"Es real, yo he trabajado en RANSA desde el 15 de octubre hasta el 17 de diciembre. En octubre, cuando decido irme de Sunafil, no tenía forma de saber que Sylvia Cáceres iba a ser ministra en diciembre ni mucho menos que me iba a convocar. Efectivamente, yo trabajé dos meses en la empresa y es cierto que participé en dos reuniones de negociación colectiva".
"El Ministerio no interviene porque son las partes las que se ponen de acuerdo. Lo único que hace es una labor de conciliador. La solución del conflicto no depende del Ministerio. ".
"Dicen que soy corrupta, pero no existe ningún solo hecho que me vincule con la negociación de ambas partes. Yo trabajo en un puesto que no tiene ninguna relación con lo que ocurre en la Dirección Nacional de Trabajo, donde se ven un sinnúmero de conflictos laborales. Yo no tengo ningún poder frente a lo que se vaya a resolver en este caso".
Además, dijo no haber tenido conocimiento de que un subordinado suyo había sido elegido como árbitro de la empresa en la que ella se desempeñó como subgerente. Dijo que, apenas se enteró, decidió finalizar el contrato por su "falta de transparencia".
"Yo soy Jefa del Gabinete de Asesores y uno de ellos era Gastón Remy, que venía de la gestión anterior, cuando yo llegué, él ya trabajaba en el Ministerio. Yo no tengo solamente a un subordinado, tengo a 10 asesores a mi cargo, hay un personal detrás, tengo como 20 personas a mi cargo. Yo no puedo poner las manos al fuego por esas personas".
"Yo no he tenido nada que ver en su designación [como árbitro de RANSA] porque es un tema de privados, no hay ninguna vinculación con el Ministerio".
"En el Estado existe la inhibición ante conflictos de intereses. Pero en este caso no había conflictos de intereses, porque yo no resuelvo, no tenía ningún tipo de relación. Yo era jefa de Gastón Remy, pero el conflicto de intereses se configura cuando uno como funcionaria está conociendo el caso y este se puede ver contaminado por algún tipo de relación que yo tenga. Yo me he enterado el 6 de abril".
"En estricto, no es ilegal ser árbitro y trabajar en el Ministerio. Si al señor Remy se le ha separado, es por falta de transparencia porque yo no estaba enterada que él había sido elegido árbitro. Yo no tenía forma de saberlo porque es un arbitraje privado. No podemos exigirlo ni tenemos forma de saberlo".
"Fue separado porque no reportó ser árbitro, por más que esa situación no era ilegal. Lo hemos separado porque no nos informó sobre el tema. Yo tenía relación con él, pero no me dijo, no tenía esa obligación legal. Pero ni bien tuvimos conocimiento del tema, decidimos finalizar su contrato. Además, él no tuvo participación efectiva en el tribunal arbitral, porque este no se ha instalado".
Le preguntamos a Soto: Remy es elegido árbitro de RANSA en diciembre y es separado del MTPE en abril, ¿en todo ese tiempo, usted no tuvo conocimiento de eso? Y respondió:
"Yo recién tomé conocimiento el día sábado 6 de abril. Si el tribunal se hubiera instalado, quizás me habría enterado. El domingo trabajamos, levantamos toda la información y el lunes 8 de abril tomamos medidas".
"Si él me hubiera informado eso, yo le hubiera dicho que he trabajado ahí y que no era conveniente, pero tampoco podría haberle dicho que renuncie, porque no es ilegal y me podría haber acusado de abuso de autoridad".
Sobre las funciones que cumple como Jefa del Gabinete de Asesores, respondió:
"La Jefatura del Gabinete de Asesores está en el Despacho Ministerial. Yo no tengo ningún tipo de injerencia, si me preguntan sobre algún conflicto importante, yo no sé. El Gabinete de Asesores trabaja la agenda de la ministra, organizamos todos los encuentros con congresistas, con ministros, vemos la agenda del Consejo de Ministros, las normas que refrenda la ministra, la acompañamos a actividades protocolares, vemos y acompañamos la agenda de la ministra, que tampoco está involucrada en ningún caso concreto".
Afirmó que no ha recibido ninguna coima y que detrás de esta denuncia hay un interés político (no especificó cuál ni de quién).
"Yo tengo una línea impecable de carrera, vengo trabajando en el Estado desde el 2012, no he tenido ninguna denuncia por corrupción o falta ética. He trabajado en diversas gestiones".
"Me extraña, puedo entender que haya juego político, podemos imaginar millones de temas, pero para acusar a alguien de corrupción se debe tener alguna prueba. Se podrían revisar mis cuentas bancarias. Yo soy funcionaria hace muchísimo tiempo, jamás he tenido ninguna imputación porque siempre he guardado imparcialidad, neutralidad. ¿Cuál es mi pecado? ¿Haber trabajado dos meses en el sector privado? Lamentablemente, necesito trabajar".
"Acá hay detrás otros juegos políticos. Ayer, yo me he juntado con dirigentes de la CGTP y me han dicho: "Doctora, fuerza, adelante, no se caiga, que esto no le afecte a usted y a la ministra, sabemos quiénes son". Miremos el entorno político, ¿qué es lo que está detrás en temas laborales? ¿A quién quieren golpear de verdad?".
Resaltó que actualmente RANSA y su sindicato están en el extraproceso número 14 ha pedido del Sindicato y que el Ministerio está apoyando.
"Cuando mañana se arregle el problema entre RANSA y el sindicato, ¿qué van a decir, que igual hay corrupción? Le estamos dando trato especial al caso, porque nos dimos cuenta que las partes necesitan un apoyo. Estamos llamados a solucionar los conflictos laborales, a procurar la solución, porque al final depende de las partes".
Señaló también que está evaluando tomar medidas legales contra quienes la acusan, porque estarían manchando su honra y buena reputación.
"Me gustaría tomar acciones legales, me voy a asesorar para hacerlo porque también hay una honra, hay una reputación. Yo vengo de una familia que viene brindando servicios al Estado desde hace mucho tiempo. Tengo un apellido que cuidar. Ahora, ¿qué les digo? ¿que un sindicato que porque no cierra su negociación me acusa de corrupta sin ningún tipo de pruebas?"
Sobre el pedido de la CGTP de que deje su cargo, respondió:
"Como sector, somos un Ministerio que detesta cualquier atisbo de corrupción. Y yo nunca he sido corrupta, estoy convencida de que cualquier persona no se puede parar en la calle ha decirte corrupta sin ningún tipo de pruebas. No ha habido ningún tipo de injerencia, no tengo nada que ver con las resoluciones. Hablan de un arbitraje que nunca se ha instalado porque el Ministerio sigue insistiendo a pedido del sindicato, se sigue convocando a extraprocesos. ¿Cuál es el acto de corrupción? Si yo estuviera en duda, en principio, me negaría a hablar del tema. Estoy convencida de no estar involucrada en nada".
La empresa RANSA cuenta con la asesoría jurídica del estudio Miranda & Amado, cuyo jefe laboral es Jorge Toyama, al consultarle a Soto si tenía algún vínculo, dijo:
"No sabría decirte quién es el abogado a cargo, pero no, no tengo ningún vínculo, nunca he trabajado en ese estudio, no tengo ninguna consultoría ni nada, porque siempre he estado en la función pública".
Cabe resaltar que, al día siguiente de la denuncia del sindicato de RANSA contra Soto, se hace firmar, a todos los funcionarios del MTPE, inscritos en el Registro Nacional de Árbitros en temas laborales, pactos de integridad y declaraciones juradas con el fin de transparentar sus situaciones y evitar posibles casos de incompatibilidad de funciones. La documentación fue enviada, el 9 de abril, por la abogada de la Procuraduría Pública, Sofía Rosana Gutiérrez Reyes, al Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos del MTPE, Edilberto Martin Terry Ramos.
Además, Soto afirmó que viene preparando un proyecto para prohibir que quienes laboren o presenten servicios para el MTPE actúen como árbitros o presidentes de tribunal arbitral en cualquier tipo de negociación colectiva.
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