Especialistas internacionales ven la crisis como una oportunidad para el trabajo en conjunto entre Gobierno, empresas, poblaciones vulnerables y sociedad civil con el fin de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.
“Perú es un ejemplo de la crisis estructural que hay en la región. La raíz del problema es la irresponsabilidad, la corrupción como, por ejemplo, el caso Odebrecht. Los ministerios protegen a las empresas extractivas y flexibilizan normativas. ¿Cómo hacer para que se respeten los derechos humanos? Es importante buscar un nuevo diálogo en el que se incorpore a los pueblos indígenas, y que las decisiones no la tomen solo los gobiernos y empresas”, comentó José Díaz Mirabal, representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Por su parte, Pedro Chang, representante de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) resaltó la importancia que la actividad empresarial se realice con un enfoque de respeto a los derechos humanos enmarcado en políticas públicas transparentes que realmente protejan a los trabajadores.
“En América Latina están los peores líderes corporativos e incluso involucrados en casos de corrupción. No hay visión compartida entre empresa, país y sociedad civil. La ONU y CEPAL nos dicen la necesidad de un nuevo pacto social, un nuevo modelo de desarrollo sostenible. No buscamos acuerdos que solo queden en la foto, queremos acuerdos reales que permitan implementar políticas públicas con énfasis en los derechos humanos y el sector empresarial”, manifestó el dirigente sindical.
Por su parte, Martin Oelz, especialista en temas de igualdad y no discriminación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), resaltó la importancia del diálogo social tripartito -entre gobierno, empleadores y trabajadores- como un instrumento clave en la promoción y el logro del trabajo decente, el desarrollo inclusivo y la cohesión social, además de fomentar la buena gobernanza.
“El diálogo social permite a los agentes discutir las políticas públicas, legislación y otras decisiones políticas que afectan a los interlocutores sociales. La actual coyuntura demanda un nuevo diálogo social, en ese sentido, el Convenio 169 de la OIT puede ser el punto de partida para iniciar ese nuevo diálogo”, dijo Oelz.
DESAFIOS Y MODELO
Dante Pesce, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó que Latinoamérica tiene el peor desempeño de gobierno corporativo a lo que suma la crisis de institucionalidad y gobernanza de los países.
“Hay una desconexión entre los criterios ambientales, sociales y gobierno corporativo o la función del directorio. Un problema común en la región es la crisis de institucionalidad y la continuidad de las políticas públicas”, comentó.
Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo están para quedarse y en un futuro serán el todo, dice Harvard Business Review.
Al respecto, Pesce detalló que la empresa en su interacción con la sociedad debe cumplir tres pilares enmarcados en los principios rectores de buenas prácticas: Estado, Empresa y Víctimas.
“El Estado debe proteger contra los abusos sobre los derechos humanos, mediante la implementación de políticas, legislación y regulación. Por su parte, las empresas deben respetar los derechos en toda la cadena de valor, actuando con diligencia y abordando los impactos negativos. Por último, si se diera el caso se tiene que asegurar a las víctimas acceso a la remediación y reparación en caso de abusos a los derechos humanos”, dijo Pesce.
Por su parte, Marcela Bravo, directora de Acción Empresas, expuso los alcances de un programa piloto de empresa y derechos humanos como una oportunidad para minimizar los riesgos que puedan afectar la viabilidad de proyectos y daños en el valor reputacional.
“El programa tiene como objetivo fortalecer el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas participantes a través de la generación de capacidades internas. A lo que se suma, el aprendizaje colaborativo para empresas del sector extractivo y de generación energética entendiendo que esta es la base para la contribución de empresas al desarrollo sostenible”, explicó Bravo.
EN RETROCESO
Durante su participación en el foro internacional, Froukje Boele, representante de la OCDE, precisó el fuerte impacto de la pandemia en la región y, principalmente, en el Perú, lo que evidenció la fragilidad macroeconómica de América Latina. Con el objetivo de ayudar al Gobierno y a las empresas en este escenario de COVID-19, la OCDE recomienda adoptar una Conducta Empresarial Responsable (CER) basada en la protección a los trabajadores, facilitar el acceso a las empresas a nuevos capitales, proteger las vulnerabilidades de la cadena de suministros, entre otros.
“El gobierno puede convertir a las empresas en los aliados claves de la recuperación de la economía, se debe firmar un contrato social que proteja a los trabajadores y cree empleo y puestos de calidad”, concluyó Boele.
En tanto, Abel Gilvonio, coordinador de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, afirmó que la única manera de seguir avanzando en la implementación de los principios rectores es “denunciando con fuerza la vulneración de los derechos humanos, promoviendo la gestión empresarial responsable -incorporando un diálogo multiactor y con transparencia- y seguir denunciando los abusos”.
[Foto de portada: EFE]
Notas relacionadas en LaMula.pe:
Sagasti: "No manchemos a toda la Policía por el efecto de la actitud de algunos elementos”
Sagasti sobre nueva Constitución: "No nos parece una prioridad inmediata"
