Continúa la polémica generada por la solicitud del ahora exprocurador Amado Enco para incluir al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, dentro de la investigación preliminar que realiza la Procuraduría por la presunta irregularidad en la adquisición de pruebas rápidas y moleculares para detectar el coronavirus (COVID-19).

Consultado por el tema, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia señaló que el Ministerio Público ya programó una serie de diligencias, entre las cuales ya se tomó la declaración de la ministra Alva el último martes desde las nueve de la mañana hasta el mediodía. Aclaró, en ese sentido, que, debido a que tanto Alva como Martín Vizcarra se encuentran en la condición de “altos funcionarios del Estado”, la fiscalía solo los está citando como "testigos”.

“Ellos dos están en condición de testigos. Los estamos llamando. Ya accedió la ministra de Economía. Estamos avanzando con las indagaciones. Se ha recabado información que también tiene que ver con el meollo del asunto. Esto es respecto a las presuntas reuniones en el MEF en relación con las farmacéuticas, con los laboratorios o con los proveedores que iban a vender al Estado estas pruebas rápidas y moleculares”, comentó el fiscal en RPP.

Según explicó Abia, lo que busca la fiscalía es saber qué se trató en el Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de marzo de este año, dos días antes de la admisión del Decreto de Urgencia que establecía la compra de las pruebas. “Lo que nosotros queremos es contextualizar y que esto se aclare. Por eso llamamos a todos los actores que habrían participado en estas reuniones que finalmente desencadenó que el Estado desembolse millonarias sumas de dinero. Básicamente tiene que ver con los encargados de la compra directamente. Estamos hablando de la presunta comisión del delito de colusión de funcionarios”, indicó.

El fiscal manifestó que luego de que se termine de tomar la declaración de la titular del MEF, se espera el mismo procedimiento con el jefe de Estado, a quien se le invitó hasta en dos oportunidades para que acuda al Ministerio Público y aclare estos hechos “cuanto antes”. “Reiteramos la invitación al señor presidente para que acuda y venga al despacho […] Estamos dispuestos a hacer las coordinaciones necesarias. Somos muy respetuosos de la norma porque la norma ampara y protege al presidente (Martín Vizcarra). En ese sentido, podemos hacer las coordinaciones y que él decida en qué momento se le va a tomar su declaración, en qué circunstancias y bajo qué modalidad”, aseguró.

El último 23 de octubre, Amado Enco remitió un documento al fiscal Abia, indicando que habría indicios de que Martín Vizcarra, María Alva, los exministros de Salud Víctor Zamora y Elizabeth Hinostroza, así como otros funcionarios del sector, cometieron un supuesto delito de colusión en perjuicio del país.

“Estamos asegurando la mayor cantidad de evidencia. Estamos llamando a las personas para que nos aclaren y finalmente podamos tomar nuestra decisión. La Procuraduría en defensa del Estado nos pidió algunos indicios y evidencias que se están procesando de manera conjunta”, agregó Abia.

Respecto a la dimisión del procurador anticorrupción Amado Enco, Abia expresó que le generó preocupación porque, según consideró, realizaba un buen trabajo. “Es sospechosa y hay la duda y, sobre todo, la preocupación. En ese sentido, yo desconozco a profundidad las razones y los detalles. Sin embargo, me solidarizo porque a veces son estos temas de corrupción muy delicados, porque investigamos al poder que es abusivo”, comentó..

En esa misma línea, sostuvo que se debería designar lo mas pronto posible al reemplazo de Enco para continuar con las indagaciones en curso, como el de las presuntas compras irregulares de pruebas COVID-19.  “Hay una avalancha de denuncias que se ha dado en el contexto de las compras de equipo de bioseguridad, ventiladores, mascarillas, etcéteras”, resaltó Abia.

Como ya se conoce, el exprocurador Amado Enco renunció a su cargo por la vulneración de la autonomía y el recorte de facultades al que fue sometido su despacho. Según indicó, se pretendió restar competencias en diversas investigaciones fiscales en curso. Su decisión se da luego de conocerse que el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, negó el pedido de Enco para representar al Estado en la investigación preliminar que le abrió dicho grupo de trabajo fiscal a Martín Vizcarra, en el marco de las indagaciones referidas a Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

(Foto: Andina)

Notas relacionadas: