La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República anunció este martes que la ratificación del Acuerdo de Escazú no será sometida a votación en el pleno del Congreso en esta legislatura. El grupo, presidido por el fujimorista Gilmer Trujillo, archivó el proyecto de resolución legislativa 4645/2019-PE con 9 votos a favor y 3 en contra y ninguna abstención.

Eso significa que al menos hasta el 2021, cuando asuma el nuevo Congreso, el Perú no ratificará el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como Acuerdo de Escazú.

Los congresistas Alberto de Belaunde (Partido Morado), Guillermo Aliaga (Somos Perú) y Absalón Montoya (Frente Amplio), quienes votaron eón contra del dictamen, señalaron que presentarán una propuesta alternativa de dictamen para la aprobación del Acuerdo de Escazú, recogiendo los argumentos a favor del acuerdo y respondiendo uno a uno los cuestionamientos realizados. 

“El Acuerdo de Escazú fortalece nuestra institucionalidad ambiental y permite mejorar la competitividad del país a nivel internacional, disminuyendo la conflictividad y mejorando la seguridad jurídica. Es primordial que el Congreso cumpla con su ratificación”, indicó el congresista De Belaunde.

Fernando Meléndez (APP), por su parte, acusó al Poder Ejecutivo de que el acuerdo internacional haya sido firmado sin contar con la opinión de la sociedad civil, comunidad indígena ni los colegios profesionales. “El Acuerdo de Escazú atenta contra la sobereanía, menoscaba la independencia y soberanía del Estado peruano. Nos convierte en una nación frágil porque abrimos la posibildiad de que las ONG, que le postergan el desarrollo de la Amazonía. nos denuncien por cualquier circusntancia”, añadió.

El proyecto de resolución legislativa 4645/2019-PE que aprueba el Acuerdo de Escazú fue recibido por el Congreso el 5 de agosto del 2019. Desde entonces, han sido 14 meses de reuniones con especialistas y deliberaciones, en medio de una intensa campaña de desinformación que polarizó la evaluación de un documento técnico, legal y ambiental que busca asegurar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en los países de la región.

(Foto: Congreso)

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