El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Hugo Núñez, suspendió del cargo por 18 meses al fiscal supremo Pedro Chávarry, en el marco del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de encubrimiento real por haber separado a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato y por haber querido acceder al acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht.

Según la decisión del juzgado juez supremo, la medida de suspensión es idónea para cumplir la finalidad de evitar peligro procesal en las modalidades de cometer delitos de la misma clase y de obstaculizar la actividad probatoria, evitando que Chávarry Vallejos "aprovechando su condición de fiscal supremo, pueda aproximarse o implementar mecanismos para dificultar la acción de justicia".

Asimismo, señala que es una medida necesaria debido a la gravedad de los cargos que pesan contra Chávarry, quien ostentaba un alto cargo y no existen medidas alternativas de similar efectividad, "por lo que se encontraría en riesgo el sistema de justicia y los bienes jurídicos protegidos debido a lo que implica dicha actividad".

"Lamentablemente, el encausado ha dado muestras de su dudoso compromiso en relación a sus investigaciones (máxime, al ponderarse su condición de abogado y magistrado) por lo que esta medida es estrictamente necesaria", agrega.

Además, señala que es una medida proporocional en el sentido estricto, pues la intervención en el derecho fundamental al trabajo que tiene el recurrente está justificada por la necesidad del cumplimiento de los fines y objetivos procesales de tutela efectiva constitucionalmente legítimos que están acompañados con suficientes y graves elementos de convicción.

"La afectación del derecho al trabajo del recurrente es leve, en la medida en que, el imputado tiene profesión de abogado la misma que puede seguir ejerciendo", indica.

El requerimiento del Ministerio Público solicitó esta medida por las acciones realizadas por Chávarry Vallejos en su condición de fiscal de la Nación, por solicitar información al equipo especial sobre el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, pese a su carácter de reservado.

Asimismo, por remover a los fiscales del referido equipo especial, Rafael Barba y José Domingo Pérez a pocos días de suscribirse el acuerdo, lo que a entender de la tesis fiscal, "habría tenido la finalidad de dificultar el acopio de medios probatorios en las investigaciones en el caso Odebrecht".

El exfiscal de la Nación se encuentra actualmente suspendido en sus funciones por seis meses por decisión del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por su vinculación en el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Según el juez, la JNJ tiene las atribuciones para investigar y, de ser el caso, sancionar disciplinariamente a los jueces y fiscales de todos los niveles por infracciones administrativas o infracciones a sus deberes como magistrados. Sin embargo, precisó, la investigación contra el exfiscal de la Nación converge en un asunto penal.

“En el caso concreto nos encontramos inmersos en un proceso penal que encuentra en etapa de instrucción o investigación de la presunta comisión del delito de encubrimiento real, supuesto distinto a la investigación llevada a cabo por la Junta Nacional de Justicia”, detalló Núñez Julca.

(Foto de cabecera: Andina)

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