El Poder Judicial dictó este miércoles 36 meses de impedimento de salida del país contra el excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, investigado por tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal por el caso Los Temerarios del Crimen”. Según la resolución del titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Hugo Núñez Julca, los delitos que se le imputan al exlegislador pueden ser sancionados con penas privativas de la libertad mayor a tres años, “por lo que se cumple con el requisito exigido para su imposición”. 

El documento judicial menciona que se han detectado presuntos actos de corrupción en cuatro procesos de selección de obras públicas a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, entre 2016 y 2018, en los que habría participado Héctor Becerril. Los procesos de licitación a los que se refiere el juez son los siguientes: 

Construcción, equipamiento e instalación de la planta de transferencia del residuo sólidos municipales de la localidad de Chiclayo”; la adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del pueblo joven Fernando Belaunde Terry”; otras dos adjudicaciones simplificadas para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de algunas calles de esa provincia. 

La fiscalía considera que Becerril fue el “brazo político” que permitió que se gestionen obras a favor de la Municipalidad de Chiclayo a cambio de pagos de coimas. “Esta participación de los hermanos Becerril Rodríguez (Antonio y Wilfredo) no hubiera sido posible si no existiera un poder real que se deriva del ejercicio de la función pública de un alto cargo como ser congresista de la República. El poder no lo tenían los hermanos, el poder venía de la función congresal, de Lima. Por eso todos daban cuenta a Lima y remitían dinero a Lima y enviaban los reclamos a Lima”, indicó el fiscal.

El último 3 de agosto, durante la audiencia de la evaluación de la medida cautelar, el Becerril aseguró que no tenía intención de fugar del país y que, en caso la decisión judicial no le favorecía, no la apelaría. “No tengo ninguna intención de fugarme del país. Me he presentado a todas las instancias que me han convocado [...] Si usted, señor juez, toma la decisión que tome, yo no voy a apelarla ni cuestionarla. Ese es mi compromiso de honor”, manifestó el fujimorista.

(Foto de cabecera: Andina)

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