La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por supuestamente haberse apropiado del presupuesto destinado a gastos de representación en el 2017. Para ello, habría sustentado las supuestas actividades oficiales con facturas de servicios simulados o inexistentes. 

Consultado sobre denuncia constitucional presentada en su contra, que le imputa los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica, Salaverry indicó que “entiende el rol” de la Fiscal de la Nación por lo que “seguirá colaborando con las investigaciones”. “Pido que se priorice el caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Soy el más interesado en que esto se esclarezca”, expresó el exparlamentario en su cuenta de Twitter. 

Hace unos días difundió unos documentos de un peritaje realizado que probarían que las firmas que investiga el Ministerio Público “no eran suyas” por lo cual, el exvocerofujimorista, no incurriría en los delitos que se le atribuyen. “Peritaje realizado al informe de representación demuestra que no es mi firma, por lo cual no existe falsedad genérica. Asimismo, dicho informe no justifica ni sustenta algún pago, porque la asignación congresal es parte del sueldo, por lo tanto no existe el peculado”, afirmó en Twitter. 

Salaverry viene colaborando con la Fiscalía en el caso Cócteles que involucra a su expartido Fuerza Popular así como a la lideresa de la agrupación, Keiko Fujimori. Fue en diciembre del 2019 cuando el extitular del Parlamento declaró ante el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, que Keiko Fujimori le encargó entregar un sobre lacrado al fiscal supremo Pedro Chávarry, de quien recibió una visita protocolar cuando este fue fiscal de la Nación. 

Es importante recordar que Daniel Salaverry renunció a Fuerza Popular a poco tiempo de asumir la presidencia del Congreso, encendiendo una tensa relación con miembros de su exbancada. Esto valió para que, al terminar su gestión, la mayoría del Congreso aprobara suspenderlo por 120 días tras detectarse información falsa en sus informes de semana de representación.

Esta la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra el congresista y excontralor General Édgar Alarcón, como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, y los exparlamentarios Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma, a quienes se les presume como responsables del delito de tráfico de influencias. 

Se trata de la tercera denuncia constitucional contra Alarcón, quien actualmente es congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización. En esta oportunidad, la titular del Ministerio Público lo acusa de haber recibido dinero de parte del exalcalde de Chiclayo David Cornejo para levantar el congelamiento de cuentas de esa municipalidad en el 2016.

Asimismo, presentó dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal. La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos. La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

(Foto de cabecera: Andina)

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